La polémica ha rodeado el último viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a Austin, Texas, especialmente criticado por la oposición en la Asamblea de Madrid. El viaje coincidió con su cumpleaños, el 17 de octubre, y ha despertado comentarios tanto de la izquierda, que lo vincula a esta fecha personal, como de Vox, que critica su agenda en Estados Unidos.
La Junta de Portavoces ha puesto este tema en el centro de su discusión. Ayuso inició su quinto desplazamiento oficial a EE.UU. el jueves pasado. Su agenda incluía encuentros con empresas tecnológicas, el alcalde de Austin, la universidad local y una asistencia al Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuito de Las Américas.
Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha señalado que es «la segunda vez que celebra su cumpleaños en EEUU», un gasto que considera excesivo para los contribuyentes madrileños. Espinar ha cuestionado quién la invitó al evento de Fórmula 1 y si estaba acompañada por «algún ciudadano particular», en alusión a su pareja Alberto González Amador.
Íñigo Henríquez de Luna, de Vox, ha argumentado que Ayuso debería centrarse más en Madrid que en viajes internacionales, especialmente por la agenda que se ha hecho pública. Más Madrid ha propuesto una Proposición No de Ley para que se haga un informe público antes y después de cada viaje internacional de altos cargos, evaluando los costes y beneficios objetivos.
Manuel Bergerot de Más Madrid ha expresado su escepticismo sobre los beneficios de estos viajes, sugiriendo que la presidenta usa estos desplazamientos para beneficio personal.
DEFENSA DEL VIAJE POR EL PP
Carlos Díaz-Pache, del PP, ha defendido la agenda de Ayuso comparando sus viajes con los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los que ha criticado duramente. Díaz-Pache ha destacado las reuniones de Ayuso con empresas como Amazon o Cisco, y la visita al Gran Premio de Fórmula 1, destacando la importancia de estos eventos ante la próxima celebración del Gran Premio de España en Madrid.
Respecto a la propuesta de Más Madrid, Díaz-Pache ha asegurado que los gastos ya se encuentran auditados y ha cuestionado la intención de modificar las competencias de los órganos de control financiero de la Comunidad.