QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde el Partido Popular de Madrid se ha declarado que no es posible «obligar a los médicos a que practiquen un aborto» al igual que no se debe «prohibir» la práctica bajo las condiciones que la ley estipula. En contraste, el PSOE-M ha solicitado a la administración regional que se adhiera a la normativa vigente mostrando públicamente el registro de médicos objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo.
En una conferencia de prensa tras la Junta de Portavoces, se ha mencionado que el Gobierno nacional ha otorgado un plazo de tres meses a varias comunidades, incluyendo Madrid, para implementar dicho registro. Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, ha argumentado que este registro «es inútil» y que su único propósito es «señalar».
Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, ha destacado que en 2024 se realizaron «más de 106.000 abortos» en España, subrayando que no existe restricción alguna sobre esta práctica y ha calificado el alto número de abortos como una «desgracia». Ha enfatizado que su partido no participará en lo que considera una «campaña de propaganda» del presidente Sánchez.
Por su parte, Mar Espinar, del PSOE, ha anunciado que exhortarán a Matute a publicar el registro y ha enfatizado la determinación de su partido de no retroceder en los derechos femeninos. Adicionalmente, ha destacado la intervención del presidente Sánchez en respuesta a la alianza del PP con Vox, proponiendo incluso una modificación constitucional para proteger el derecho al aborto.
Manuela Bergerot de Más Madrid ha reiterado la obligación de la Comunidad de Madrid de respetar la legislación, asegurando tanto el registro de objetores como el derecho al aborto en el sistema de salud público.
