La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha declarado que el análisis realizado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sobre 46 viviendas de protección oficial en Erripagaña “no se aprecia ningún indicio de delito, porque, si no, la obligación que tendría la OANA es la de haber dado traslado a Fiscalía”. “La tramitación del 22 es impecable como exactamente igual que lo ha dicho la auditoria externa”, ha destacado.
En respuesta a una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento, Alfaro ha recalcado a Juan Luis Sánchez de Muniáin, parlamentario regionalista, que “indicios de delito al juzgado, obligación de trasladarlo, pero no solo la OANA, usted mismo”. “No hay ningún indicio de ilícito penal”, subrayó la consejera.
Alfaro defendió las acciones de Nasuvinsa, subrayando que las iniciativas que permiten a familias acceder a hogares a precios asequibles son positivas. “Me parecen buenos ejemplos de políticas públicas de vivienda”, afirmó. Además, señaló la importancia de que existan 46 nuevas viviendas disponibles a precios accesibles como una política pública beneficiosa.
La consejera criticó a UPN por lo que considera un intento de desprestigiar a la entidad pública de vivienda de Navarra, que pertenece a los ciudadanos de la región. “Poco favor le hace a Navarra, poco favor le hace a los técnicos y poco favor le hace al derecho a la vivienda asequible de los ciudadanos y ciudadanas”, expresó.
Por su parte, el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, describió la promoción como un reflejo de una gestión arbitraria y plagada de ilegalidades en Nasuvinsa. “Es un proceso plagado de ilegalidades, incumplimientos y también sospechas de corrupción”, criticó, señalando irregularidades en la adjudicación de las obras a la UTE de Santos Cerdán y Antxon Alonso y cuestionando la legalidad del proceso.