QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pleno del Parlamento de Navarra ha decidido este jueves no proceder con la moción del PPN que solicitaba que el Gobierno foral comenzara los trámites para declarar la lesividad de los contratos de las obras de duplicación del túnel de Belate y de construcción de 46 VPO en régimen de alquiler en Erripagaña, a raíz de los informes emitidos por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.
La iniciativa del PPN solo recibió el apoyo de Vox y una parlamentaria no adscrita, mientras que UPN se abstuvo y partidos como PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se posicionaron en contra.
El portavoz del PPN, Javier García, destacó los ‘informes de la Oficina Anticorrupción hablan de una acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y claramente palmarios que exceden de meras irregularidades administrativas y señalan que varios de los contratos deberían ser nulos de pleno de derecho’. Argumentó que la moción buscaba proteger el interés público ante decisiones contractuales con serios indicios de ilegalidad, y que no representaba un capricho político sino un procedimiento judicial necesario.
Marta Álvarez de UPN señaló que según la Oficina Anticorrupción, en tres contratos la adjudicación debería ser considerada nula de pleno derecho, y destacó que el procedimiento correcto sería iniciar la revisión desde el Gobierno, con un dictamen del Consejo de Navarra que confirmase la nulidad.
Javier Lecumberri del PSN cuestionó si, a pesar de las afirmaciones de la OANA, la Cámara de Comptos no había identificado un caso de nulidad de pleno derecho, sugiriendo que el Gobierno había actuado correctamente al solicitar auditorías ante cualquier sospecha de irregularidad.
Adolfo Araiz de EH Bildu y Blanca Regúlez de Geroa Bai criticaron el planteamiento y la premura de la moción, cuestionando si realmente existían bases jurídicas suficientes para proceder con la declaración de lesividad.
Finalmente, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin y Emilio Jiménez de Vox expresaron su frustración con la falta de acciones concretas del Gobierno frente a las conclusiones de la OANA, sugiriendo que deberían haberse tomado medidas más drásticas como la dimisión o la convocatoria de elecciones.
