QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Navarra ha dado luz verde este jueves a una resolución que exhorta al Gobierno regional a implementar de manera urgente la totalidad de las disposiciones de la Ley Foral 11/2017, de 3 de julio, que modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, sobre el reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y afectados por la represión tras el golpe militar de 1936, incluyendo la problemática del “robo de bebés”.
La propuesta ha sido respaldada por los votos de UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, con la abstención de PPN y el rechazo del Grupo Mixto y la diputada no adscrita.
Además, la resolución adoptada propone que el Ejecutivo regional “cree y desarrolle, en un plazo de 12 meses, el acto institucional que apoye las demandas de las personas perjudicadas por esta cuestión”, según se estipula en la Disposición Adicional Primera de la mencionada ley. Geroa Bai se ha unido a la abstención del PPN, mientras que el resto de grupos han mantenido su postura inicial.
La motivación detrás de la resolución, promovida por Contigo-Zurekin, se apoya en el preámbulo de la Ley Foral 11/2017, que protege el proceso de “clarificación y compensación de las víctimas”, mayoritariamente ‘mujeres políticamente destacadas, con familia numerosa, con limitaciones culturales y económicas y de baja posición social’, cuyos hijos fueron dados en adopción falsa mediante el engaño y la exclusión.
Con el objetivo de “corregir las deficiencias encontradas” en materia de memoria histórica, la ley compromete al Gobierno de Navarra a “respaldar a las víctimas del robo de bebés durante la dictadura franquista, incluyendo a sus familias y a aquellos que buscan su identidad biológica”. Al abordar el “desarrollo desigual” de la ley y los “asuntos aún por implementar”, se destaca la creación de un Banco de ADN y un censo de bebés robados.
