El PSPV y Compromís sostienen que el recurso presentado por la representación legal del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia de Valencia, tras la negativa de la jueza de Catarroja a permitirle personarse en la causa por la dana, tiene como objetivo “poner trabas” a la instrucción y responde a la intención del exjefe del Consell de “salvarse el cuello” para “no ir a declarar”.
Mientras tanto, PP y Vox han evitado entrar en el fondo de la polémica. La formación de Abascal ha defendido que Mazón, igual que cualquier otro ciudadano, puede recurrir a los mecanismos legales que considere oportunos. Desde el PP han desviado el foco hacia las palabras del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por sus críticas al juez Juan Carlos Peinado tras procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Bolaños afirmó que esta decisión “ha avergonzado a muchos ciudadanos” y “a muchos jueces y magistrados” de España.
En los pasillos de Les Corts, poco antes del pleno de este martes, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha calificado el recurso de Mazón como “una estrategia” y ha pedido no centrar el debate “únicamente” en el 'expresident' de la Generalitat, al que ha definido como “el jeta mayor de la Comunitat Valenciana”. “Tengo pocas esperanzas respecto a su ética y a su moral. Ya debería haber declarado voluntariamente, debería haber contado la verdad y lo único que está intentando es poner trabas a la instrucción”, ha manifestado.
Muñoz ha insistido en que su principal preocupación no es “problema” Carlos Mazón, sino el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, por “esa eliminación de cuatro funcionarios que apoyaban la instrucción y ayudaban a la jueza para seguir investigando toda la verdad y que fueron retirados por la Generalitat Valenciana para entorpecer la labor de la justicia y de la jueza” de Catarroja.
Según el síndic socialista, “ahí creo que ahí está el problema, porque una vez más Pérez Llorca tiene que cambiar su opinión o cambiar sus decisiones por presión pública. Cuando se conoció ese dato, tuvieron que cambiarlo, pero es evidente que la voluntad del PP, de Pérez Llorca, de Carlos Mazón, me da igual los nombres y los apellidos de las personas, es la estrategia del PP, es entorpecer la búsqueda de la verdad y la exigencia de las responsabilidades judiciales y políticas”.
Muñoz ha añadido que “esto se hace eliminando funcionarios, filtrando audios manipulados en la Aemet, cambiando de versión hasta en ocho ocasiones, manteniendo a Mazón como aforado, protegiéndolo en su escaño, contratando a todo su entorno más cercano ahora en la oficina de expresidente”. A su entender, se trata de una “estrategia evidente del PP para evitar que la jueza de Catarroja consiga llegar a encontrar la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre”.
“La vergüenza que tenemos que sufrir”
En la misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha interpretado el recurso de Mazón como parte de su intento de “salvarse el cuello” porque “no quiere ir a declarar ante la jueza” de Catarroja que investiga la gestión de la dana. Además, ha denunciado “la vergüenza que tenemos que sufrir los valencianos” por el hecho de que Mazón continúe como diputado del PP y ha responsabilizado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de mantenerlo “si pedirle el acta”.
Baldoví ha reiterado sus críticas a que ni PP, ni PSPV, ni Vox apoyen modificar el Estatuto de Expresidents para recortar privilegios como disponer de chófer, coche oficial, oficina o hasta dos asesores “24 horas y 365 días al año”. “Nos cuesta un millón de euros al año y no sabemos para qué”, ha subrayado.
El dirigente de Compromís ha vuelto a referirse al gasto de 15.000 euros en gasolina durante 2025 del vehículo oficial del 'expresident' Francisco Camps, un extremo que este rechazó aludiendo a un posible uso indebido de la tarjeta de repostaje y que, según indicó Llorca, será investigado por la Generalitat.
“No sabemos si la respuesta parlamentaria era cierta, entendemos que si un vicepresidente de la Generalitat hace una afirmación es cierta”, ha señalado en referencia a la contestación firmada por José Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, donde se detallaba ese gasto en combustible atribuido a Camps.
El PP se mantiene “al margen de opinar y comentar”
Por parte del PP, el síndic Nando Pastor ha rehusado valorar el recurso de Mazón y ha recordado que “hemos dicho siempre y mantenido que estamos al margen de opinar, de comentar, de hacer de jueces, de políticos de los jueces. Y, por lo tanto, este caso no iba a ser diferente”.
Pastor ha añadido que su partido “tampoco” se pronuncia cuando “por primera vez en la historia” ha sido “imputada la mujer de un presidente del Gobierno nada más y nada menos que por cuatro delitos”. “No vamos a ser como el ministro de Justicia --Félix Bolaños--, que nos parece que es impresionable que se dedique a criticar, a censurar, a opinar, a calificar las actuaciones de los jueces en España”, ha recalcado.
El síndic 'popular' ha remachado que “no lo vamos a hacer ni con aquellos casos o decisiones judiciales que nos puedan beneficiar ni con aquellas que nos puedan perjudicar. Para eso está el Partido Socialista, para eso está Bolaños, para eso está Pedro Sánchez y para eso está también Compromís haciendo lo propio cuando abren juicio oral a la entonces mujer del abusador de la menor Maite y hoy posible candidata a la alcaldía de València por parte de Compromís”, en alusión a Mónica Oltra.
Por su lado, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado el “total respeto” de su formación a la actuación de los tribunales y a las garantías de cualquier persona en un procedimiento judicial: “Carlos Mazón, como cualquier ciudadano, tiene derecho a utilizar todos los procedimientos legales a su disposición”.
El propio Carlos Mazón ha seguido buena parte del pleno de Les Corts desde su escaño en la última fila de la bancada 'popular'. En uno de los recesos, cuando ha abandonado el hemiciclo para dirigirse a las dependencias del PP en la primera planta de la cámara, ha evitado hacer declaraciones sobre su recurso y ha señalado que no iba a valorar decisiones judiciales.