QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El representante del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha establecido un paralelismo entre el ‘caso Montoro’, que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente haber promulgado normativas que benefician a empresas, y las leyes específicas implementadas por el Consell de Carlos Mazón para, según ha denunciado, «beneficiar a lobbies y empresas» en áreas como el juego, la energía nuclear, los hogares de ancianos o la construcción.
Durante una rueda de prensa, Muñoz anunció la presentación de una ley para restablecer la distancia mínima entre las casas de apuestas y los colegios, además de una propuesta parlamentaria para que las compañías nucleares retomen el pago de un impuesto del cual se les exoneró 14 millones de euros en la Comunitat Valenciana.
«En la Comunitat Valenciana, la ramificación del BOE a la carta tiene lugar con Carlos Mazón. Desde el principio hemos denunciado que había leyes que se estaban aprobando a la carta de determinadas empresas por los intereses de una serie de empresas que han visto beneficiadas o que se han visto beneficiadas por esas leyes aprobadas por Mazón», expresó Muñoz.
Según Muñoz, uno de los sectores favorecidos sería «la construcción de viviendas de protección oficial, que es más cara desde que gobierna Mazón porque hay constructoras que están interesadas en que esto sea así». Además, alertó que se permite construir en zonas propensas a inundaciones y se ha eliminado la restricción de edificar cerca de la costa por intereses constructores.
Además, Muñoz sostuvo que «Mazón ha eliminado impuestos contaminantes a las empresas que contaminan porque hay empresas que están interesadas en esto», y también «Mazón está disminuyendo el número de plazas públicas en residencias porque hay empresas que les interesa que esto sea así».
Como ejemplo claro, destacó las decisiones del Consell para eliminar la prohibición de que existieran casas de apuestas a menos de 850 metros de colegios y centros de salud. Muñoz remarcó que «los lobbies del juego están directamente conectados tanto con Montoro como con exministros del Gobierno del PP como es el propio (Rafael) Catalá, que estuvo al frente de la empresa Codere, que ha sido beneficiada de una manera clara por Mazón con su legislación».
El síndic socialista también lamentó que las modificaciones hechas por el PP y Vox a la Ley de Transparencia «hacen que sea imposible saber si hay lobbies que presionan o influyen» o si la Generalitat «legisla a su favor».
«Se está favoreciendo a una pequeña élite empresarial que ve beneficiada mientras el resto de valencianos vemos como se carga sobre nuestras espaldas una menor recaudación y por tanto un debilitamiento progresivo de los servicios fundamentales», enfatizó, instando a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, a explicar cuántos impuestos se han perdonado a los lobbies desde que gobierna Mazón y cómo ha afectado a las finanzas valencianas.
«SI HAY UNA RAMIFICACIÓN VALENCIANA NOS PERSONAREMOS»
Preguntado sobre una posible responsabilidad judicial, Muñoz indicó que empresas involucradas en el ‘caso Montoro’ «han sido beneficiadas directamente por legislación aprobada por Mazón; sin ir más lejos, las empresas del juego».
Destacó que el PSOE es «respetuoso con los tiempos» judiciales y aseguró: «Si en algún momento existe esa ramificación valenciana del BOE a la carta durante los gobiernos del PP, ya sea con Camps que tampoco nos sorprendería, o especialmente con Mazón, nunca descartaremos personarnos en una acusación popular».
En respuesta a críticas de la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, sobre la reducción del impuesto de sucesiones para empresas que facturan más de diez millones por el anterior gobierno del Botànic, Muñoz replicó que fue una medida para las empresas familiares, algo que «entiende cualquier persona», y criticó las «lagunas de memoria» de la también consellera de Servicios Sociales.
MERINO DEFIENDE LA REBAJA FISCAL A LAS NUCLEARES
Por su parte, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, respondiendo a Muñoz, señaló que «el impuesto que él le llama regalo a las centrales nucleares no es regalo, es una parte de la política fiscal de este Consell» y «se ha hecho muy conscientemente».
Merino defendió la decisión del Consell de «favorecer un sector estratégico detrás del cual está el bienestar energético o eléctrico de los ciudadanos» y destacó que la central nuclear de Cofrentes «aporta un tercio o más del suministro eléctrico».
Además, recordó las circunstancias del apagón de abril y el «incremento exponencial de su fiscalidad» en los últimos años. La consellera cuantificó la eliminación de la conocida como ecotasa en 11 millones el primer año y 22 millones de euros el segundo año.
Según Merino, en el Consell están «muy alejados de esa visión que tiene el PSOE de estar haciendo regalos a los ricos o a las energéticas». «Para nada, lo que tenemos es una hoja de ruta muy clara y este es uno de los aspectos en los que apoyamos este tipo de empresas».
