QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSPV ha dirigido una petición formal a la Mesa de Les Corts para que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que otorga a Marisa Gracia, exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat, una indemnización de 99.343 euros por daños morales relacionados con las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó el accidente de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas.
“Empatizamos absolutamente con las asociaciones de víctimas del accidente de metro, que no entienden que la exgerente acabe cobrando una indemnización por derecho al honor igual o superior que las indemnizaciones a los familiares de víctimas”, declaró Mª José Salvador, portavoz adjunta del PSPV, tras la reunión de la junta de síndics, destacando que su partido no es parte de la Mesa de Les Corts.
El documento presentado este martes argumenta que la sentencia representa una clara restricción al trabajo de las comisiones de investigación del parlamento, cuyo fin es dilucidar hechos y señalar responsabilidades políticas que “nada tienen que ver con el ámbito judicial”.
En el caso de Gracia, el PSPV recuerda que la comisión atribuyó su responsabilidad política en los trágicos eventos que causaron la muerte de 43 individuos y heridas a otros 47. Además, indica que su posición como gerente de FGV fue una “designación puramente política”, “nombrada por razones exclusivamente de confianza política” por el conseller encargado del departamento al que pertenece la empresa pública.
Según los socialistas, el fallo judicial crea un precedente preocupante al “extender el reconocimiento de una indemnización económica por daños derivados de una supuesta violación de su derecho al honor a individuos que han desempeñado cargos políticos o de confianza”, cuando hasta ahora esto estaba limitado a trabajadores o empleados públicos según la doctrina del Tribunal Constitucional.
Por estas razones, el PSPV urge a la Mesa de Les Corts a presentar un recurso de casación ante el Supremo, solicitando un informe urgente del letrado del parlamento valenciano al respecto.
En la sentencia, el TSJCV admitió parcialmente el recurso de la exgerente de FGV, quien pedía una compensación de más de 218.000 euros, en particular por la responsabilidad patrimonial, al considerar que sufrió perjuicios morales debido a una “conclusión extralimitativa vertida hacia su persona” por la comisión de investigación de Les Corts establecida en 2016, que afectó “al ámbito subjetivo de su reputación”.
Esta comisión de Les Corts atribuyó a Marisa Gracia una responsabilidad política por supuestos actos ilícitos derivados de su gestión en FGV tras el accidente de 2006, aunque un tribunal exoneró más tarde su responsabilidad penal por estos hechos.
