QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Observatorio del Textil y la Moda (OTYM), entidad constituida por las dos principales organizaciones de este Sector, la Confederación Moda España y el Consejo Intertextil Español, actúa como (foro) brújula estratégica ante los profundos cambios legislativos, tecnológicos y geoeconómicos que lo afectan, de modo que esta industria española se posicione como líder internacional en circularidad, innovación y reputación -condiciones necesarias para garantizar su adaptación a los nuevos tiempos-, fortaleciendo sus activos, recursos y capacidades, tanto tangibles como sus intangibles.
El Observatorio considera indispensable, y promueve, la colaboración público-privada y la defensa de los intereses empresariales, así como la transparencia en la gestión empresarial y la corresponsabilidad institucional en sus procesos de transformación.
Contexto sectorial
Hoy el sector textil, calzado y confección es uno de los sectores tractores de la industria, del comercio y la economía española, con un 3,7% del empleo, el 2,9% del PIB y un 8,2% de las exportaciones. Sólo sus actividades manufactureras superan las 17.000 empresas, algo más de 130.000 trabajadores y una facturación próxima a los 17.000 millones de euros. Más del 99% de su tejido empresarial son PYMES. Aunque se distribuyen por toda la geografía nacional, algunos de sus principales clústeres se localizan en Galicia, Cataluña y Valencia.
El ecosistema textil europeo, del que el español forma parte, fue considerado en mayo del 2021 como uno de los 14 ecosistemas estratégicos por la Comisión Europea en la actualización de su Política Industrial en base a criterios de autonomía estratégica. Este es un sector que compone múltiples cadenas de valor tanto convencionales (moda productos hogar y decoración) como técnicas (en salud, defensa, protección, nichos industriales y agroalimentarios entre otros) y para el que la innovación, la circularidad y el ecodiseño son ejes fundamentales.
Contexto político
Si bien las cadenas de producción asiáticas dominaban, en gran medida, los mercados de textiles y calzado convencionales, desde el origen de sus materias primas naturales y sintéticas hasta su confección, en estos últimos años venimos enfrentando tres nuevos movimientos:
- En primer lugar, la penetración en los mercados europeos -y, particularmente, en España- de productos de un bajo coste desde Asia, mediante ventas a distancia, principalmente a través de plataformas digitales, amenaza el “status quo” previo de amplios sectores como el de los textiles convencionales de moda, decoración y productos de hogar. Que esos operadores asuman las mismas reglas del juego que el resto de los operadores que actúan en el mercado europeo, resultará también imprescindible para que las políticas ambientales europeas sobre productos textiles y de calzado -derivadas del Pacto Verde de marzo de 2020- tengan éxito.
- En segundo lugar, la sobreproducción industrial y las políticas de apoyo público a la exportación en determinados países asiáticos que han multiplicado, casi al mismo tiempo, la presión de sus productores sobre los mercados internacionales y con una especial incidencia sobre un mercado europeo ralentizado en su conjunto tanto por causas de naturaleza endógena como exógena.
- Y, en tercer lugar, se viene observando la reorientación de esos exportadores hacia Europa ante los nuevos aranceles en EE.UU., así como de inversiones en cabecera, también hacia países del norte de África, poniendo en peligro las principales áreas de influencia de la industria textil española (un 25% de las exportaciones de tejidos desde España se concentran en Marruecos, donde son finalmente confeccionados para sus clientes finales), al dominar la producción de fibras en origen.
Nos enfrentamos ahora a un nuevo reto que deberíamos convertirlo en oportunidad: el desarrollo de la Ley 7/2022 de Residuos a través del Proyecto de Real Decreto -PRD- para el desarrollo de la RAP para residuos textiles y de calzado. Y, para ello, hemos de tener en cuenta los precedentes jurídico-administrativos europeos acumulados en estos últimos cinco años (2021-2025) por su impacto sobre la visión, objetivos y estrategias comunitarias en materia de circularidad, y que han ido basculando desde los puramente medioambientales a los de, en primer lugar, resiliencia -como con la actualización de la política industrial europea- y, en un segundo lugar, de competitividad, descarbonización, refuerzo del mercado interior y orientación a socios preferenciales -con la declaración comunitaria de febrero de 2025 resumida en el Pacto por una Industria Limpia,en línea con los informes DRAGHI y LETTA para la Comisión y el Parlamento Europeos- y, también, más específicamente, la reciente modificación de la Directiva Marco de Residuos que el futuro RD debería respetar no sólo en cuanto a su “letra”, sino también respecto a su “espíritu” práctico, equilibrado y constructivo.
Desde esas nuevas orientaciones, la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta pública para la elaboración de un Reglamento sobre economía circular, con el triple objetivo de: reforzar la competitividad de la Unión Europea, reducir su dependencia de materias primas vírgenes e impulsar modelos de producción más sostenibles. La propuesta pretende mejorar la circulación de residuos, productos circulares y materias primas secundarias en el mercado europeo propiciando la disponibilidad y demanda de materiales reciclados de alta calidad. Y, entre los principales problemas que se quieren abordar, se encuentran la fragmentación normativa entre Estados miembros, la escasa eficiencia en el uso de los recursos y los obstáculos regulatorios, económicos y prácticos que impiden el desarrollo de un mercado eficiente de materias primas secundarias.
Propuestas sobre el PRD: aspectos clave
El PRD para el desarrollo de la RAP, que recientemente ha salido de audiencia pública, debería anticiparse a esos tres objetivos. Por obvias razones -marcas, industrias, competencias, conocimientos técnicos y posicionamiento internacional- nuestro país puede ocupar un papel de liderazgo en Europa en materia de circularidad textil. Un PRD que facilite la expansión de nuestro ecosistema circular textil de forma eficaz, eficiente y adaptable a los mercados no sólo ayudaría a reducir los problemas medioambientales globales generados por esta industria, sino que favorecería la resiliencia, competitividad y reindustrialización europeas.
Estamos convencidos de que nuestro país ha de aprovechar el impulso de la economía circular para revitalizar el conjunto del sector. Y un adecuado marco normativo, que promueva un desarrollo armonizado, que establezca objetivos bien modulados y en unos plazos razonables, sería la mejor palanca para materializar esta oportunidad. Sin embargo, el texto en su redacción actual, no establece un marco operativo propicio para tales fines -pues no favorece la operatividad del ecosistema en su conjunto- y, al mismo tiempo, precipita obligaciones que van a suponer una rémora excesiva sobre el sector, que van a dificultar los objetivos europeos mencionados y que, más bien, al contrario, pueden generar resultados contrarios a los pretendidos.
Algunos de los aspectos clave del texto actual sobre los que entendemos deberíamos reflexionar conjuntamente harían referencia:
Al modelo operativo expuesto en el PRD para el conjunto del ecosistema circular textil y de calzado. Pues el texto no parece tener en cuenta la importancia de los residuos del textil y calzado como fuente de reindustrialización, innovación y empleo; no menciona ni una sola vez a la industria potencialmente receptora de las materias primas secundarias procedentes del reciclado textil y de calzado; ni promueve modelos operativos para los SCRAP, que permitan garantizar el suministro de residuos en el medio y largo plazo para su clasificación y, en su caso, su posterior reciclado acompañando, de ese modo, a los periodos de amortización de las instalaciones que será necesario promover. Así como a los amplios desarrollos pendientes en tecnologías limpias, competencias y mercados que sólo podrán acelerarse desde un mayor compromiso público.
A unos objetivos inalcanzables en base a la experiencia con otros flujos de residuos (e, incluso, con los flujos textiles en otros países europeos) y, por lo tanto, desmotivadores y contraproducentes. Además, para alcanzarlos sería necesario acelerar los permisos, financiación y construcción de un buen número de infraestructuras para poder clasificar y tratar los residuos, desarrollar tecnologías todavía no suficientemente maduras y crear mercados de reutilización y materias primas secundarias (recicladas). La modificación de la Directiva Marco de Residuos no ha impuesto objetivos cuantitativos a los residuos textiles debido a la ausencia de información fiable para poder establecerlos. De mantenerlos tanto para el Sector como el Estado corren un enorme riesgo reputacional ante la sociedad y las instituciones europeas.
A la financiación de las operaciones asociadas a la recuperación de los residuos textil y de calzado mezclados en la fracción resto de los RSU municipales desde la entrada en vigor de esta regulación cuando, hoy por hoy, no es factible técnicamente aprovechar ese material recuperado. Por lo que se le estaría exigiendo desde el principio un enorme esfuerzo económico al sector sin mejora ambiental alguna (en otros flujos esas medidas han sido impulsadas décadas después de entrar en vigor su recogida selectiva).
A la obligación de facilitar un espacio para la venta de productos reutilizados para los establecimientos comerciales con superficie superior a 400 m² afectaría a la libertad de empresa alterando modelos de negocio, estrategias empresariales e incluso la operativa en los puntos de venta y que, además, afectaría negativamente a las entidades de economía social que, hasta la fecha, han sido sus principales actores.
Y al efecto retroactivo de las responsabilidades financieras reguladas en el PRD a partir de su entrada en vigor. La financiación retroactiva a las administraciones locales sin previo convenio genera inseguridad jurídica por la dificultad de determinar los costes reales, además de que puede desincentivar su implicación.
