«La llamo por tercera vez al orden. Por tanto, abandone la tribuna. He intentado hacerle ver, incluso antes de comenzar su propia intervención, que tendría que ir por cauces normales. Abandone, por favor, la tribuna«. 21 de junio de 2022. Quien así se pronuncia es el entonces vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejerce de presidente en la sesión plenaria. La señoría a la que se le retira la palabra es la diputada de ERC Montserrat Bassa, quien hará caso omiso a la petición de Gómez de Celis. La diputada es apercibida por pronunciar casi todo su discurso en catalán.
Bassa se mantiene desafiante en la tribuna durante otros cuatro minutos e intenta continuar con su intervención en varias ocasiones. No se bajará de la tribuna de oradores hasta que el vicepresidente de la Cámara se lo pida por quinta vez, tras recordarle que todavía podría expulsarla del Pleno. La escena tuvo lugar la legislatura pasada, ante un hemiciclo casi vacío, durante el debate de toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para extender el uso en la Cámara Baja de las lenguas oficiales en comunidades autónomas.
La iniciativa, presentada por los grupos de ERC, PNV y Plural (donde convivían Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG y la CUP), pretendía modificar el artículo seis para que los diputados pudieran intervenir en cualquier lengua reconocida como oficial en algún estatuto de autonomía en las sesiones del Pleno y las comisiones de la Cámara Baja, así como usarlas para el registro de cualquier escrito o documento de índole parlamentaria. La Cámara, por su parte, debía procurar la traducción al castellano de toda documentación y proceder a la «traducción simultánea a todas las lenguas oficiales» de las intervenciones orales.
Cambio de postura en apenas un año
En términos similares a la propuesta que fue rechazada hace algo más de un año (votaron en contra de la toma en consideración PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Foro y el PRC), se pronuncia una nueva proposición de reforma del texto reglamentario, la registrada hace unos días por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el BNG. La iniciativa es la respuesta de los grupos del Gobierno (socialistas y la coalición electoral liderada por Yolanda Díaz) a una de las exigencias de los independentistas catalanes para votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso en la sesión constitutiva de la XV Legislatura.
Aunque el texto actual es algo más prolijo en detalles que el presentado en solitario por los nacionalistas con anterioridad, su disposición transitoria es más ambigua. Si entonces se dejaba patente, con una nueva disposición final, que la traducción simultánea sería a «todas las lenguas oficiales», ahora la disposición se limita a dejar en manos de la Mesa el establecer «los procedimientos y los medios para llevar a cabo la aplicación práctica de esta reforma reglamentaria».
El cambio de parecer del PSOE respecto a julio del año pasado garantiza el éxito de la reforma. La suma de socialistas y el resto de autores de la iniciativa, además del voto afirmativo de Junts, supone 178 escaños, dos por encima de los requeridos para cambiar el Reglamento, que tiene consideración de ley orgánica, lo que exige mayoría absoluta (176) de la Cámara para su modificación.
No es la primera vez que el PSOE modifica su postura en lo que a las lenguas y su uso en el Congreso y el Senado se refiere, como así reflejan los diarios de sesiones y las votaciones acerca de las siete proposiciones de reforma de los reglamentos de la Cámara Baja (dos) y la Cámara Alta (cinco) registradas en las tres últimas décadas. Con el modelo territorial casi siempre como telón de fondo, los debates han ido virando en todo este tiempo desde lo jurídico, con la reforma del Estado de las autonomías como cuestión central, hasta el terreno de lo cultural, cada vez con mayor peso de lo emocional; pero siempre con la cuestión identitaria muy presente.
El Senado, pionero en 1994
La primera de las cámaras en contemplar el uso de una lengua de trabajo distinta al castellano fue el Senado. Sucedió en el contexto de una reforma parcial de su reglamento, registrada en otoño de 1993 y aprobada en enero del año siguiente, para «potenciar de forma más satisfactoria sus funciones de representación territorial«.
El texto, de cierto calado, modificaba más de una veintena de artículos, con la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas como piedra angular de la propuesta. Al órgano se le atribuyeron amplias atribuciones para intervenir o tomar parte en cualquier materia o asunto de «naturaleza autonómica» o que ataña a las Comunidades Autónomas (artículo 56).
La reforma era fruto de unos trabajos iniciados en 1989. En lo que a la cuestión lingüística respecta, se reservaba al presidente del Senado, «en su primera intervención ante el Pleno«, la opción de utilizar el castellano y las «demás lenguas que tengan el carácter de oficiales» en alguna autonomía (artículo 11 bis). Se reconoció también la posibilidad de que ciudadanos e instituciones puedan dirigirse a la institución por escrito «en cualquiera de las lenguas españolas que, junto con el castellano, tenga carácter oficial en su Comunidad Autónoma» (disposición adicional cuarta).
Por último, se concedió la oportunidad a sus señorías de usar cualquiera de las lenguas anteriores en una sesión anual, la del debate sobre el Estado de las Autonomías, dentro de la Comisión General de las CCAA (artículo 62). La proposición, fruto de un amplio consenso, solo cosechó nueve votos en contra (entre ellos los del PNV). Con el debate sobre la utilidad de la propia Cámara y su percepción entre la población presente durante toda la tramitación, los nacionalistas vascos rechazaron el conjunto de la iniciativa, con argumentos sobre la lengua como elemento central de su negativa.
«Un mero acto folclórico»
Así, desde Eusko Alkartasuna (EA) llegó a calificarse de «hiriente para sus hablantes» el «oficializar una lengua una vez al año». En esa misma línea se movió el PNV, que elevó su crítica la concepción misma de la Comisión General de las CCAA, «algo así como un nuevo Senado dentro del Senado, la burocratización por la burocratización«. A juicio de los jeltzales, la reforma se quedaba corta y reclamaban pasar directamente a una reforma constitucional. Eso sí, mientras esta no llegara, abogaban porque la representación y la toma de decisiones de dicha comisión reconociera a las «nacionalidades históricas», de forma que se ponderara y se diera mayor peso a las circunscripciones en función de su «identidad como nación».
«Mi Grupo ha dicho siempre que no apoyaría ninguna enmienda sobre esta cuestión que no contara con el consenso de todos los grupos»
Bernardo Bayona (PSOE, 1993)
Desde las filas catalanas, Convergència i Unió (CiU) defendía el valor del texto. Desde una óptica posibilista los nacionalistas catalanes celebraron la apertura, «por fin, de la puerta a unas lenguas que nunca debieron estar marginadas (…) para que estas puedan ser utilizadas con carácter simbólico». Más escéptica era la posición de Esquerra Nacionalista Valenciana, para cuyo representante, Miquel Ramón i Quiles, el supuesto que introducía el reglamento para hablar lenguas distintas al castellano era un «mero acto folclórico, una vez al año. (…) Llego a preguntar si, además, pretenderán que ese día (…) tengamos que vestirnos también con nuestro traje regional.
Llegar «hasta donde lo permita el consenso»
¿Y qué hay de los grupos mayoritarios? Para el PSOE un entendimiento entre todos los presentes en la Cámara era el criterio primordial. «Lengua de trabajo, no, acuerdo al que habíamos llegado ya hace mucho tiempo; reconocimiento de la presencia de las lenguas en la Cámara, sí. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el «status» mínimo? Hasta donde lo permita el consenso. Esa ha sido siempre la posición del Grupo Socialista. (…) Se ha llegado hasta donde ha sido posible«. Eran las palabras del portavoz socialista y senador por Zaragoza, Bernardo Bayona Aznar. «Mi Grupo ha dicho siempre que no apoyaría ninguna enmienda sobre esta cuestión que no contara con el consenso de todos los grupos», enfatizaba.
Sobre la cuestión de fondo, para el representante del PSOE «las lenguas españolas distintas del castellano no van a ser lenguas habituales de trabajo, porque, la normalización lingüística no se hace en Madrid, sino en cada Comunidad Autónoma. Lo importante es que, por ejemplo, los vascos sepan y puedan hablar euskera en Euskadi. Creo que la cuestión no es hablar aquí más o menos veces las diferentes lenguas, sino que esta Cámara exprese esa pluralidad y que esa expresión sirva de pedagogía, para que los españoles no bilingües la comprendan mejor y también la vivan como una riqueza y un patrimonio comunes».
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (ENERO DE 1994)
-Presentada por: PSOE, PP, CiU, CC y Grupo Mixto
-Registrada el 13/10/1993
-Resultado: Aprobada
- A favor ('Sí'): 231. PP, PSOE, CiU, CC y parte del Grupo Mixto
- En contra ('No'): 9. PNV y EA.
Desde las filas del Partido Popular, su portavoz, Alberto Ruiz-Gallardón, consideraba satisfactorio el texto. «A la presidencia (…) le corresponderá recordarnos, a la apertura de las sesiones, la existencia de esa realidad plurilingüística de la nación española; en la Comisión de Autonomías, en el debate que trata los asuntos propios de las Comunidades Autónomas, podrán expresarse en esa lengua no solamente los senadores, sino también aquellos miembros de los Consejos de Gobierno de Las Comunidades Autónomas que comparezcan».
El que luego fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y ministro de Justicia consideraba la propuesta equilibrada y entraba en el tema de los derechos. «Cabe dentro del marco de la Constitución (…) No perjudica los derechos de los senadores ni de los ciudadanos. Porque recordemos una vez más que las lenguas no tienen derecho, quienes son titulares de derecho son los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos, naturalmente, aquellos que tienen que ejercer una representación parlamentaria, cual es el caso de los Senadores».
Uso generalizado en la Comisión General de las CCAA
El debate no volvería a llegar a los reglamentos hasta 2005, de nuevo en el Senado. Presidía el Gobierno el PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero), sin mayoría absoluta, y en Cataluña gobernaba por primera vez el PSC, en coalición con ERC e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). En plenos trabajos por la redacción de un nuevo estatuto de autonomía para la comunidad catalana, todos los grupos, a excepción del PNV y CiU (presentaron su propia alternativa, que fue rechazada), registraban una nueva propuesta de reforma para ampliar los casos en los que sería posible usar lenguas oficiales en alguna comunidad.
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (JUNIO DE 2005)
-Presentada por: PP, PSOE, CC, PSC, ERC, ICV y Grupo Mixto
-Registrada el 23/06/2005
-Resultado: Aprobada
- A favor ('Sí'): 204. PP, PSOE, ERC, PSC, ICV, PNV, CiU y Grupo Mixto
- Ausentes: 55.
- En contra ('No'): 0.
Se permitiría el uso sin restricciones en la Comisión General de las CCAA. En los supuestos en que el idioma no fuera el castellano, se recogería la intervención original en el Diario de Sesiones junto a la correspondiente traducción en castellano. Además, se extendía el uso escrito a las mociones, interpelaciones o preguntas (textos no legislativos), que podrían registrarse en diferentes lenguas.
La iniciativa era fruto de un trabajo previo de ponencia en la Comisión de Reglamento, cuya propuesta es la que luego se llevó al registro de la Cámara. Antes, el presidente en la VIII Legislatura (2004-2008), el socialista Javier Rojo, había expresado su intención de que bajo su mandato se ampliara el uso de las lenguas cooficiales. En el mismo sentido, también se había aprobado por unanimidad una moción de CiU.
«Es un paso muy pequeño. No constituye un avance emblemático como se había dicho, pregonado y publicitado»
CiU, año 2005 (Senado)
Ya en el debate en el Pleno, el representante del PSOE incidía en que para «este tipo de reformas se necesidad la unidad de todos los grupos políticos (…) Porque hay que convencer a la sociedad de la necesidad de determinados avances». «Queremos convencerles de que esta España no es la que posiblemente le hayan trasmitido sus padres o incluso sus formadores o profesores; que en esta España, hay lenguas que también son españolas«. El senador del PP, además de referirse como «magnífico» al discurso de su homólogo socialista y referirse a la reforma de 1994 como «tímida, muy tímida», alababa el «rigor jurídico» del texto con el que «pretendemos mejorar».
Para CiU, era «un paso muy pequeño (…) No constituye un avance emblemático como se había dicho, pregonado y publicitado». A juzgar del PNV, la propuesta era «cortísima». Por eso, ambos, junto al BNG, pedían que entre los nuevos usos se contemplaran las sesiones de control y las interpelaciones ante el Pleno, que las lenguas cooficiales se emplearan en los materiales que distribuye el Senado, en su página web. También, que se tradujeran a todas ellas las iniciativas no legislativas del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en lo que concernía a la Cámara Alta, así como que las propuestas y escritos dirigidos a la institución se respondieran en la misma lengua en la que se hubieran formulado.
El consenso salta por los aires
Ya en 2010, otra vez en el Senado, Zapatero sigue al frente del Gobierno, en un segundo mandato, de nuevo sin mayoría absoluta. La situación económica del país se deteriora cada vez más. En mayo, 34 senadores de diferentes formaciones nacionalistas presentan una nueva propuesta de reforma. Durante su tramitación parlamentaria el Tribunal Constitucional dará a conocer la sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra diversos preceptos del último Estatuto de Autonomía de Cataluña.
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (JULIO DE 2010)
-Presentada por: 34 senadores
-Registrada el 12/01/2010
-Resultado: Aprobada
- A favor ('Sí'): 134. PSOE, PSC, ERC, ICV, PNV, CiU, CC, PAR y PSM-EN.
- Ausentes: 14. PP(9), PSOE(3), PNV (1) y Mixto (1).
- En contra ('No'): 115. PP y UPN.
En la Cámara Alta, los nacionalistas, mediante dos adiciones a la disposición adicional cuarta, pretendían que el uso de lenguas oficiales en alguna autonomía fuera posible para presentar cualquier tipo de escrito (siempre acompañada de su versión en castellano). Además, reivindicaban poder intervenir en cualquiera de esas lenguas en toda sesión del Pleno, la Diputación Permanente y todas las comisiones. La iniciativa daba unos meses de adaptación para la puesta en marcha del servicio de traducción simultánea en el caso del Pleno y un plazo de un año para las comisiones.
En el debate de toma en consideración queda claro que existen posturas muy enfrentadas y que si la reforma prospera, no será con el consenso de las anteriores. Los senadores se enzarzan en cuestiones sentimentales —«siento que mi lengua, el catalán, la lengua escrita más antigua de Europa, no es respetada»—, menciones a modelos de otros países (se alude a Irlanda, Canadá, Bélgica o Suiza) e incluso en el eventual coste económico: desde los 120.000 euros anuales esgrimidos por los proponentes hasta los 1,22 millones que cuantifica el PP, «para algo que no es urgente ni necesario y que, además, no es constitucional».
«Estaríamos hurtando a parte del pueblo español la posibilidad de conocer, entender, aprehender y comprender los términos»
PP, año 2010 (Senado)
La portavoz del PSOE en el debate llama a «acercar posiciones», al tiempo que avanza que su grupo votará a favor de continuar con la tramitación de la propuesta. «En ocasiones intentamos sostener con andamiajes jurídicos lo que no se sostiene políticamente por su propio peso, y que más de 30 años después de la aprobación de la Constitución (…) no se puedan utilizar con normalidad en el Senado es algo que no se sostiene, señorías». «Lo que vamos a hacer es algo histórico pero no anormal, no es nada inaudito». Saltaba así por los aires el consenso con el que hasta ahora se defendía cualquier cambio en el Reglamento, en especial en lo que respecta al uso de las lenguas.
Una reforma al final rebajada
En la sesión de la Comisión de Reglamento en la que se dictaminaba sobre la reforma, el PP defendía sus enmiendas para suprimir la iniciativa. Alegaba argumentos jurídicos de interpretación de la Constitución, centrados en la idea fuerza de que solo el castellano es la lengua conocida por todos los ciudadanos, y que la función representativa de la Cámara se debía producir en «términos que faciliten la comprensión por todos los españoles (…) Estaríamos hurtando a parte del pueblo español la posibilidad de conocer, entender, aprehender y comprender los términos».
El portavoz del PSOE, en su réplica, apelaba a la integración y «la convivencia entre todos los españoles». «Que se utilicen argumentos técnicos o técnico-jurídicos para oponerse a esta iniciativa es, señores del Grupo Parlamentario Popular, una equivocación, un error, un error enorme«. «La Constitución no prohíbe el uso de las lenguas cooficiales, ni las limita, aunque tampoco dice que se tengan que hablar las lenguas en el Senado. Ustedes son los que quieren limitar».
El texto final consensuado entre nacionalistas y socialistas si bien acepta extender el uso escrito a toda iniciativa registrada, rebaja el uso oral en el Pleno al debate de mociones.
Primer intento (fallido) en el Congreso
A menos de una semana para que entre en vigor la última reforma del Reglamento del Senado, los grupos del PNV, CiU, ERC-IU y el Mixto en el Congreso de los Diputados registran una proposición de reforma para el texto normativo de la Cámara Baja. ¿El objetivo? Por un lado, que la ciudadanía e instituciones puedan utilizar en sus escritos dirigidos al Congreso cualquier lengua oficial en algún territorio de España. Por otro, que los parlamentarios puedan hablar en cualquiera de esas lenguas en sus intervenciones ante el Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones.
«Si quieren hablar en idioma distinto del castellano tienen que cambiar la ley, y en caso contrario, amablemente, le digo que será la última vez»
José Bono, presidente del Congreso (2011)
En el debate de toma en consideración, celebrado en marzo de 2011, desde las bancadas nacionalistas se recordaba al PSOE que en el Senado habían dado luz verde a la tramitación de una propuesta prácticamente idéntica. Durante sus intervenciones, tanto el portavoz del PNV como el de ERC intercalaron largos párrafos en euskera y catalán respectivamente. José Bono, entonces presidente del Congreso, no llegó a llamarles al orden. Sí les advirtió de que que lo que estaban haciendo no tenía cobertura legal.
«He querido, presidiendo la sesión, dejarle que tuviese un parlamento largo en catalán para impedir que quienes hacen demagogia con las lenguas de España pudiesen titular mañana que en el Congreso se prohíbe o se impide la libertad». «Aquí se va a cumplir estrictamente la ley, en el sentido de que la única lengua, el único idioma oficial de España en todo el territorio es el castellano». (…) «Si quieren hablar en idioma distinto del castellano tienen que cambiar la ley, y en caso contrario, sonriendo, amablemente, le digo que será la última vez».
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (MARZO DE 2011)
-Presentada por: CiU, PNV, ERC, IU, BNG y Nafarroa Bai.
-Registrada el 29/12/2010
-Resultado: Rechazada
- A favor ('Sí'): 24. CiU, PNV, ERC, IU, BNG y CC
- Abstenciones: 1. PSOE (Herick Campos)
- En contra ('No'): 308. PSOE, PP, UPyD y UPN
El representante del PSOE, en su turno para fijar postura, rechazaba la tramitación porque veía en «los grupos proponentes un claro margen electoral«, al tiempo que tachaba de incoherentes a PP y ERC, para concluir que «el castellano es una lengua pujante, una lengua fuerte a la que tenemos el deber de defender, pero también tenemos el deber de defender al resto de las lenguas, y por ello nuestro grupo votó a favor de la modificación del Reglamento del Senado y hoy no puede votar a favor de la toma en consideración de la modificación del Reglamento del Congreso».
El último intento del Senado acaba paralizado en la Mesa
Ya en la última legislatura, la pasada, tanto los grupos de la Izquierda Confederal como el de Junts y Coalición Canaria registran sendas propuestas de reformas. Ambas pretenden recuperar las aspiraciones iniciales de 2010: que el uso de las lenguas cooficiales esté amparado en toda actividad oral (la de la Izquierda Confederal la limitaba al Pleno) y escrita.
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (JULIO DE 2020) -Presentada por: Geroa Bai, Adelante Andalucía, MÉS, Más Madrid, Compromís y En Comú Podem. -Registrada el 24/11/2020 -Resultado: Caducada (no la llevaron al Pleno)
Si bien el grupo conformado por Geroa Bai, Más País, Agrupación Socialista Gomera, Més per Mallorca y Compromís presentó antes su iniciativa, estos nunca llegaron a defenderla en el Pleno porque no consideraron oportuno utilizar para ello su cupo legislativo. Por el contrario, Junts y CC sí llevaron su «reforma del Reglamento de la Cámara Alta para la integración total de las lenguas oficiales» al Pleno.
En aquella ocasión, ya con Vox en las instituciones, el representante de la formación de Santiago Abascal reprochaba a Junts que «no interiorizan que el Senado es sede también de soberanía nacional», el coste económico de su implantación, innecesaria a su juicio por «la suerte de tener un idioma común dominado por todos los presentes en esta Cámara». El senador de Vox terminaba recordando una cita de un artículo publicado años atrás por el que luego sería presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, titulado «La lengua y las bestias«: «Carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio«
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (NOVIEMBRE DE 2020)
-Presentada por: Junts y CC.
-Registrada el 24/11/2020
-Resultado: Caducada (en fase de enmiendas)
Votación de toma en consideración
- A favor ('Sí'): 149. PSOE, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, CC, Geroa Bai, Más Madrid, MÉS y Compromís
- Abstenciones: 4. Teruel Existe, PRC y PAR
- En contra ('No'): 105. PP, Cs, Vox, exCs y UPN
Los reproches a la falta de sensibilidad hacia lenguas minoritarias —respecto al castellano— por parte de nacionalistas (de «euskerofobia» llega a acusar el legislador de Geroa Bai) a PP, Cs y Vox se correspondieron con alusiones por parte de estos a los derechos de los estudiantes escolarizados en Cataluña a estudiar en castellano. El PP, por su parte, mantenía su postura de que lo que se proponía no tenía cabida en la Constitución y rechazaba continuar con la tramitación para impedir «que el Senado se convierta en una torre de Babel de idiomas que no entendemos; en una torre de Babel llena de auriculares y de intérpretes simultáneos que impidan o entorpezcan la representación del pueblo español».
Para el PSOE, que volvió a justificar su postura en pos de la «diversidad» y la cohesión, daba su «sí» a la toma en consideración porque entendía el tema como un «asunto clave en la concepción y construcción de España; de una España plurilingüe, siendo las lenguas y las culturas patrimonio de todos». Pese a que los socialistas permitieron con su voto que prosiguieran los trabajos parlamentarios con esta iniciativa, al final la propuesta no avanzó más. ¿El método? La dilación de tiempos mediante solicitudes de ampliación del plazo para presentar enmiendas: 59 veces, hasta que se disolvió la Cámara y decayó.
BNG y la CUP, fuera de la tribuna
La cronología llega al punto de partida, junio del año pasado. Debate de la segunda propuesta de reforma del Reglamento del Congreso, la iniciativa por la que fue apercibida y expulsada de la tribuna de oradores la portavoz de ERC en el debate, Montserrat Bassa. Como ya le sucediera a Bono en la primera ocasión en la que este tema se abordó en la Cámara Baja, los representantes de las diferentes fuerzas nacionalistas e independentistas hicieron un uso que sobrepasaba de la mera fórmula, más o menos tolerada, de utilizar en ocasiones una lengua cooficial para arrancar sus intervenciones.
Así, Miriam Nogueras (Junts) fue dos veces llamada al orden (y pese a ello cerró su discurso en catalán); a Néstor Rego (BNG), con palabras casi en exclusiva en gallego, también le retiraron la palabra tras tres llamadas al orden, lo mismo que sucedería con el representante de la CUP, Albert Botran, al que tras una tercera advertencia se le apagó el micrófono.
PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO (JUNIO DE 2022)
-Presentada por: ERC, PNV, Junts, PDeCAT, CUP, BNG y Compromís
-Registrada el 25/05/2022
-Resultado: Rechazada
- A favor ('Sí'): 71. UP, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís, PDeCAT, Junts, Más País, BNG y CUP
- Abstenciones: 2. CC y Teruel Existe.
- En contra ('No'): 268. PSOE, PP, Vox, Cs, UPN, Foro y PRC.
Por parte de los grupos mayoritarios, los argumentos fueron los ya conocidos en el Senado: una lengua común, inconstitucionalidad, riqueza cultural y entendimiento, diversidad y pluralidad frente al «nacionalismo excluyente»… El portavoz del PSOE para la ocasión, el gallego Guillermo Meijón (quedó excluido de las listas para el 23-J), dedicó la inmensa mayoría de su intervención a cargar contra Alberto Núñez Feijóo y la concepción del bilingüismo que a su juicio tuvo el actual presidente del PP durante sus años al frente del partido en Galicia.
Meijón cerraría el debate con las siguientes palabras: «Para los socialistas, la férrea defensa de las lenguas propias, cuyo ámbito en este país alcanza más del 40%, no puede ser utilizada de forma mezquina e intentar confundirla con el separatismo. Voy a hacer mías las palabras de Castelao en aquel mismo Pleno del año 1931 cuando decía: Si separatismo viene de separar, separatista será el que no quiera que el gallego sea también un idioma español». Más tarde, llegada la hora de votar la toma en consideración, la bancada socialista pulsó «No».