“Considerados los grupos parlamentarios como el eje en torno al cual discurre la vida de las Asambleas Legislativas (…) no es de extrañar que en la práctica totalidad de los Parlamentos se articule un sistema de prestaciones, ayudas y subvenciones en favor de los mismos para facilitar el ejercicio de sus cometidos”. Con esas palabras arranca el acuerdo de la Mesa del Senado, en octubre de 2018 (reunión 96 de la XII Legislatura), para modificar el modelo de subvenciones con cargo al presupuesto de la Cámara Alta, una partida por la que en 2022 se transfirieron a los grupos casi 7,5 millones de euros (7.462.266), según los datos publicados por estos y analizados por Demócrata.
De la cantidad anterior, 4,17 millones terminaron en las arcas de las formaciones políticas (el 56% del total concedido), como se recoge en las cuentas anuales de los propios grupos para el último ejercicio difundidas esta semana por la institución pública. Dicho de otra forma, de cada cien euros gastados por el Senado en 2022, siete han acabado en manos de los partidos.
Las aportaciones desde las bancadas parlamentarias no están prohibidas, de hecho, se mencionan de forma explícita (artículo 2.1) como uno de los recursos de financiación pública en la Ley 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos. No obstante, varios órganos fiscalizadores (caso del Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Madrid) ya han advertido de forma reiterada sobre la conveniencia de que la legislación aplicable al respecto sea más clara y precisa, en el sentido de fijar criterios y el alcance de esas aportaciones y de que la justificación de las mismas vaya ligada al funcionamiento de los grupos parlamentarios.
Fin a las ayudas finalistas
Con el acuerdo de 2018, el Senado reorganizaba el esquema de subsidios para el funcionamiento de los grupos parlamentarios, que hasta el momento se dividía en cuatro prestaciones: una general (la que se mantiene en la actualidad) y otras tres de carácter finalista. Este último aspecto, el que parte del dinero hasta entonces recibido solo se pudiera emplear para unos fines específicos, es el detalle más relevante del cambio de sistema que comenzó a operar el uno de enero de 2019.
Hasta entonces, cada grupo tenía derecho a percibir algo más de 3.400 euros mensuales (el doble en los casos del PSOE y el PP) en concepto de gastos de locomoción, alrededor de otros 3.500 € /mes (que se multiplicaban por dos o tres para los dos grupos mayoritarios) para labores de asesoramiento y, por último, una serie de cantidades para “atenciones protocolarias y representativas” de los portavoces, también a cargo del presupuesto de la cámara. A ellas se sumaban casi 8.800 euros mensuales fijos más otros 1.700 €/mes adicionales por senador en concepto de subvención general.
A partir de lo que se llamó “racionalización de las subvenciones”, todos esos montos quedaron englobados bajo la prestación general, “respetándose en mayor grado el principio de autonomía o autoorganización de los grupos parlamentarios”, tal y como se justificaba en el acuerdo de la Mesa.
De cada cien euros gastados por el Senado en 2022, siete han acabado en manos de los partidos
Desde ese momento, el único requisito por parte del Senado a los grupos para el pago de la ayuda de forma mensual es la apertura de una cuenta corriente, que deberán comunicar junto a su NIF, “diferenciada de aquellas con las que opere el partido político”. En ella, se “registrarán exclusivamente los abonos y cargos propios de la actividad económico-financiera del grupo parlamentario”.
Los partidos, destino final de la subvención
El reglamento de la institución, en el artículo 34, establece que la cifra a recibir por cada grupo se calculará «en función del número de sus componentes», más otra cantidad fija «igual para todos». En estos momentos, cada grupo parlamentario percibe 15.732 euros al mes en concepto de fijo y otros 1.966,5 euros adicionales por integrante, tras la subida del 3,5% para 2023 aprobada a finales del año pasado. El importe íntegro de ese dinero es de libre disposición para los grupos, dentro “en todo caso, de la finalidad general de atender los gastos de funcionamiento de los mismos”.
El año pasado algo más de la mitad del dinero pasó del Senado a las cuentas de los grupos, y de ahí a las de los partidos. En el ejercicio 2021, ese porcentaje ascendía al 69%, según el análisis de este diario de cada una de las cuentas. Lo cierto es que la práctica de los grupos en el Senado es algo extendido a los grupos institucionales del Congreso, parlamentos autonómicos y entidades municipales.
En 2016 y 2017, últimos años fiscalizados, los grupos aportaron a sus correspondientes partidos el 72% y el 63%, respectivamente, de todas las subvenciones concedidas por las Cortes o las cámaras territoriales, como concluyen los informes aprobados por el Tribunal de Cuentas.
Una semana antes de que la Mesa acordara suprimir parte de los subsidios para refundirlos en uno solo, los portavoces de los grupos con representación en la XII Legislatura consensuaban arrojar algo de luz sobre sus cuentas, que por el lado de los ingresos se nutren en su práctica totalidad de lo que perciben del Senado. Así, en un ejercicio de transparencia, que no se ha seguido en el Congreso de los Diputados, cada año publican unas cuentas abreviadas (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) en las que cada partido comparte los detalles que estima oportunos.
En el marco del acuerdo, se incluyeron unos cuadros tipo para intentar homologar al menos parte de los datos difundidos por las diferentes formaciones, incluido un epígrafe para especificar la “finalidad de las aportaciones efectuadas por el grupo parlamentarios a la formación política”. La realidad es que apenas dan información al respecto.
Las advertencias del fiscalizador
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en 2019, hizo público su informe de fiscalización de la «aplicación de las subvenciones que la Asamblea de Madrid asignó a los grupos parlamentarios» en los ejercicios 2015-2017 (4,2 millones por año), un trabajo realizado a petición de la propia Asamblea. En el documento queda patente que «la Asamblea (…) concede una subvención sin un requisito de otorgamiento y sin una regulación en cuanto al procedimiento de justificación», y que «no especifica el tipo de gastos que pueden realizarse con cargo a la subvención».
