QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas ha informado que un 38% de los empleados que se acogieron a un ERTE durante la crisis sanitaria no habían vuelto a su lugar de trabajo al concluir las ayudas especiales del Gobierno, específicamente hasta el 31 de marzo de 2022.
Este dato surge de un análisis realizado sobre las ayudas por desempleo otorgadas a los afectados por los ERTE entre 2020 y 2022, período que abarca el informe de fiscalización del organismo.
En los primeros meses de 2020, ante la emergencia del covid-19, el Gobierno implementó medidas excepcionales para mitigar los impactos económicos y laborales. Los ERTE permitieron a muchas empresas suspender contratos temporalmente, evitando despidos, mientras que el Estado cubría los costes de las prestaciones por desempleo y las exenciones de las cotizaciones sociales.
Tras finalizar las ayudas, 411.310 empresas que inicialmente se habían acogido a los ERTE continuaban inactivas, y solo un 62,21% de los trabajadores había regresado a su mismo lugar de trabajo. Esto indica que las medidas de protección del Gobierno «no fueron suficientes».
DEFICIENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
El Tribunal critica la gestión de los ERTE, señalando la falta de una aplicación informática adecuada para su tramitación durante la pandemia, lo que complicó la trazabilidad de los expedientes en un momento de aumento excepcional de las solicitudes.
La falta de coordinación y comunicación entre las autoridades competentes también fue un problema, resultando en resoluciones «contradictorias, incongruentes y duplicadas» y, en algunos casos, la autorización por entidades no competentes, como Tragsatec.
Además, el informe revela que el SEPE no siempre pudo verificar la existencia de fuerza mayor para otorgar las prestaciones, y destacó un «déficit estructural y permanente» de su plantilla, lo que dificultó la gestión eficiente de las prestaciones por desempleo, que ascendieron a 13.535 millones de euros sin contar con los fondos europeos esperados.
Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas subraya que más de 558.000 empresas se beneficiaron de los ERTE, afectando a 4,15 millones de trabajadores y generando un gasto público en prestaciones de 18.272 millones de euros y exenciones de cuotas de 7.964 millones de euros. El organismo sugiere mejoras significativas en la tramitación y control de estos expedientes para evitar irregularidades futuras.
