QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación Española de Cogeneración (Acogen), representada por su presidente José Ignacio Castillo, ha solicitado al Gobierno la implementación de medidas urgentes para frenar el ‘auténtico cogenicidio industrial’ que afronta el sector, y ha advertido que podría acudir a la Justicia para ‘defender sus derechos’. Durante la Asamblea General de la asociación, Castillo expresó su preocupación por la ‘parálisis y retroceso’ que experimenta la industria, atribuyendo esta situación a la falta de definición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las subastas de 1.200 megavatios (MW) esperadas desde 2021, a pesar de disponer de una inversión preparada de aproximadamente 1.300 millones de euros.
Además, Castillo criticó la propuesta de orden retributiva para el periodo 2026-2031, que plantea una reducción superior a los 250 millones de euros anuales al sector por no mantener los costes de CO2 reconocidos en 2024, sumado a otros 150 millones de euros de recorte por reconocer solo un incremento del 1% anual en los costes de operación y mantenimiento (O&M) desde 2020, y una disminución adicional de 70 millones de euros en la retribución a la inversión por ‘un error’ para 2026-2028.
Castillo exigió ‘coherencia’ al Ministerio y afirmó que, de no observarse cambios, Acogen ‘recomendará a los afectados acudir al Tribunal Supremo a defender sus derechos’. Subrayó el momento ‘crítico’ que atraviesa el sector y señaló que sin una recuperación de la actividad, el ‘cierre progresivo será inevitable a medio plazo’. Destacó que el futuro del sector dependerá en gran medida de las decisiones que tome el Ministerio en el corto plazo.
El presidente de Acogen resaltó que la cogeneración, que es vital para industrias que representan el 20% del PIB industrial de España, ha sufrido un declive considerable, perdiendo el 50% de su producción en cinco años, pasando de generar el 12% de la electricidad del país a solo el 6% actual. Además, alertó que si no se toman medidas pronto, en los próximos tres años se podría ver el cese de otras 140 instalaciones con 1.300 MW.
Finalmente, Castillo reclamó mantener la libertad de venta al mercado, a terceros o autoconsumo, así como conservar la metodología europea de eficiencia para no perjudicar la competitividad frente a otros países. Además, sugirió que no modificar estos principios básicos resultaría en una pérdida de valor y competitividad, y podría llevar a la deslocalización de empresas.
