El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, defendió con rotundidad en la Junta General de Accionistas el mantenimiento del modelo de gestión integrada y centralizada de la red de aeropuertos españoles, descartando cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de estas infraestructuras a las comunidades autónomas.
Lucena recalcó que las reclamaciones de participación en la gestión planteadas por distintas autonomías, como Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia o Navarra, chocan frontalmente con el actual marco constitucional y legal.
“El derecho de propiedad está consagrado nítidamente en la Constitución española, al igual que la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general y la libertad de empresa”, afirmó.
El directivo, reelegido este jueves como presidente de Aena, recordó que los aeropuertos de interés general en España se rigen por un marco jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, amparado por la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre estas infraestructuras y garantiza tanto la propiedad privada como la libertad de empresa.
Subrayó además que el 49% del capital de Aena —y, por extensión, de sus infraestructuras y del know-how de sus profesionales— está en manos de accionistas privados, con un valor aproximado de 20.000 millones de euros, tomando como referencia una capitalización bursátil cercana a los 40.000 millones.
“Los aeropuertos de Aena funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de Aena. Cualquier cesión o participación en la gestión que vulnere estos principios sería incompatible con la Ley 18/2014 y con el deber fiduciario de los administradores”, añadió.
Lucena incidió en que la responsabilidad sobre la gestión de los aeropuertos recae únicamente en los órganos de gobierno de la sociedad mercantil Aena (Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y equipo directivo), que deben velar por el interés social de la compañía y no por decisiones de actores externos.
“La libertad de empresa no hay que entenderla en un sentido festivo, sino como el derecho inalienable de las empresas a gestionarse como mejor les parezca a sus accionistas”, enfatizó.
Ante los accionistas, explicó que la Ley de Sociedades de Capital protege a los minoritarios en todas las empresas y precisó que, desde el punto de vista legal, “el Estado no podría imponer nunca en Aena el rodillo del 51% para aprobar decisiones que perjudiquen el interés de la compañía y dañen a los accionistas como la transferencia de aeropuertos o la gestión a terceros”.
Lucena avisó de que los inversores privados de Aena —entre ellos algunos de los fondos de inversión, soberanos y hedge funds más relevantes a escala mundial— han trasladado al consejo que “harían valer sus derechos legales si hubiera cualquier duda sobre los riesgos, lo que provocaría reverberaciones económicas muy negativas que desbordarían el perímetro de la compañía”.
Colaboración con autonomías, pero sin cesión de aeropuertos
El presidente de Aena se mostró partidario de reforzar la colaboración y coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre dentro de los límites constitucionales y sin alterar ni la autonomía de gestión ni la estructura de red de la compañía. “Colaboración sí, cesión no”, resumió.
En esta línea, aludió al reciente pacto con el País Vasco para constituir un órgano bilateral de carácter exclusivamente consultivo y sin efectos vinculantes, que no modifica ni el encaje legal actual ni la capacidad de decisión de Aena.
Lucena quiso trasladar tranquilidad a los accionistas, subrayando que el armazón normativo vigente —Ley 18/2014 y preceptos constitucionales sobre competencia estatal exclusiva, derecho de propiedad y libertad de empresa— blinda el sistema aeroportuario español, “admirado internacionalmente por su eficiencia y solidaridad interna”.
“El deber fiduciario de los administradores es claro y su incumplimiento podría acarrear consecuencias graves. Actuamos con diligencia y lealtad a la compañía y a sus accionistas”, concluyó, agradeciendo al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al secretario de Estado, José Antonio Santano, su respaldo público al modelo actual.
La postura de Aena se sitúa en las antípodas de las propuestas de varios gobiernos autonómicos, que reclaman fórmulas de cogobernanza o traspasos de aeropuertos para potenciar la conectividad y el desarrollo territorial. Lucena reiteró que, aunque los planteamientos puedan ser legítimos, “cualquier cambio que suponga ejercicio de competencias autonómicas en aeropuertos de interés general, cesión de activos o interferencia en la gestión sería jurídicamente inviable”.
Esta defensa del modelo de red integrada llega en un momento de fuerte expansión del tráfico aéreo (321,6 millones de pasajeros en España en 2025) y ante la próxima aprobación del DORA III, que incluye un amplio programa de inversiones.
La Junta respaldó así la continuidad del actual esquema de propiedad y gestión, que Lucena considera esencial para preservar la eficiencia operativa y la rentabilidad de Aena.