El planteamiento es sencillo. Hace cuatro años que el Parlamento aprobó la conocida como Ley de Servicios Digitales (conocida como DSA por sus siglas en inglés) para proteger los derechos fundamentales en el entorno digital y que los operadores rindan cuentas por los contenidos publicados en sus plataformas.
Al tratarse de un reglamento, su entrada en vigor es automática. No necesita trasposición. Sus obligaciones se aplican plenamente desde febrero de 2024. ¿El problema? Que España aún no ha otorgado las competencias necesarias para que el supervisor ejerza como tal.
Ese supervisor, o coordinador de los mercados digitales, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fue designado como tal por el Gobierno. Pero necesita una habilitación legal que le autorice, por ejemplo, a requerir información a los operadores, iniciar investigaciones, realizar registros o incoar expedientes sancionadores.
Ya había sido rechazada
La habilitación es una demanda habitual en el supervisor en cualquiera de sus comunicaciones. Y pese a no tener derivaciones políticas, la medida se ha estrellado ya en tres ocasiones en el Congreso.
La última, este martes, cuando la Cámara Baja rechazó la admisión a trámite de una proposición de ley que el PSOE había registrado en marzo, hace apenas unas semanas, para tratar de tramitar cuanto antes la reforma.
Y es que las reformas necesarias –son modificaciones a la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y la Ley 3/2013 de creación de la CNMC—ya se tramitan en otro proyecto de ley, que desarrolla, además, la aplicación del Reglamento europeo de medios de comunicación.
La iniciativa se encuentra sometida a discusión en la Comisión de Economía, que ha celebrado varias sesiones de comparecencias antes de cerrar sus plazos de enmiendas. Sin embargo, tanto en PSOE como en Sumar entienden que, de lograr aprobarse, no será a corto plazo.
El PSOE buscó reforma exprés…
Es precisamente en estas comparecencias donde la oposición, fundamentalmente el PP, afeó al Gobierno el retraso en facultar a la CNMC. Y es la razón que llevó al PSOE a impulsar una proposición de ley, desligada de cualquier otra consideración, para facilitar su aprobación de forma exprés.
El resultado es ya conocido. El PSOE se encontró en el debate que ni ERC ni Junts apoyarían la iniciativa, que quedaba en manos del PP. Los ‘populares’ denunciaron la posible censura política si la CNMC contaba con estas facultades y condicionó su apoyo final a pactar la nueva presidencia en este organismo.
… Pero el Congreso la tumbó por segunda vez
La actual presidenta, Cani Fernández, concluye su mandato el próximo junio. En la anterior renovación de consejeros el PP declinó participar, ya que el Gobierno quería un acuerdo que englobara también a la CNMV y al Banco de España, proponiendo como gobernador para este último organismo a José Luis Escrivá. Un candidato al que los ‘populares’ se opusieron frontalmente.
Pese a la crítica, el diputado Mario Cortés llegó a avanzar que su grupo no se opondría a tramitar la iniciativa, puesto que era una medida que ya habían defendido. Horas después la desecharon junto a Vox y Junts. ERC se abstuvo.
Se perdió en un ómnibus
Pero es que no es la primera vez que el Congreso rechaza la medida. Estos cambios legales llegaron a entrar en vigor durante unas semanas, tras aprobarse dentro del decreto-ley ómnibus con la subida de pensiones y la prórroga del ‘escudo social’ a finales de 2024.
Cuando el Gobierno recuperó parte del decreto-ley derogado, no incluyó la habilitación a la CNMC, que decidió tramitar en el mencionado proyecto de ley, estancado ahora a la espera de sus enmiendas.
El PSOE asegura que el PP la pidió
En el PSOE sorprendió el giro del PP en la votación. Máxime cuando, aseguran a Demócrata, fue el propio Grupo Popular el que llegó a exigir un decreto-ley específico con esta reforma para tenerla aprobada cuanto antes.
La crítica tampoco se queda ahí, ya que entienden que la reticencia de Junts y ERC tampoco está justificada, ya que desde el Grupo Socialista entienden que se referían al Reglamento de medios de comunicación, cuya regulación no se incorporaba en su proposición de ley. “No se había leído la iniciativa nadie”, espetan.
Estas fuentes atribuyen el rechazo a decisiones estratégicas que no atienden a una necesidad compartida hasta públicamente por la gran mayoría de la Cámara. Y que ignoran una petición reiterada de la propia CNMC.
El PP no quiso salvar al Gobierno
Fuentes del Grupo Popular aseguran a Demócrata que no hubo ningún cambio de planes y justifican su posición en que el Gobierno no buscó sus votos. “Que luego no esperen que les salvemos la papeleta si no tienen a sus socios”, se escudan estas fuentes, que reconocen la incomodidad que hubiera causado salvar una iniciativa del Ejecutivo y el posible castigo que hubiera podido venir desde Vox.
La conclusión es la misma que hacen en el Gobierno desde hace meses. Cualquier votación que dependa del PP, aun cuando puedan coincidir en el fondo de la propuesta, corre el riesgo de suponer un nuevo fracaso para el Ejecutivo.
Y la CNMC y sus competencias han sido el último ejemplo de una dinámica que mantiene la actividad legislativa a cuenta gotas, y eso las veces que gotea.