QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las asociaciones Ceoppan (panadería), Cedecarne (carnicería) y Fedepesca (pesca) han lanzado una advertencia conjunta sobre las dificultades que podrían enfrentar las microempresas y trabajadores autónomos debido a la implementación del sistema VeriFactu. Este sistema exige el uso de software de facturación electrónico certificado y la transmisión instantánea de datos a la Agencia Tributaria.
Según estas organizaciones, VeriFactu representa un desafío significativo para las pymes y microempresas del país, que podría comprometer ‘la viabilidad de miles de establecimientos’ si no se adoptan medidas de ajuste y un enfoque de implementación más gradual que considere las particularidades del sector artesanal y tradicional español.
Lideres de estas patronales han expresado que, aunque están de acuerdo con los fines de transparencia y control del nuevo sistema, existen barreras importantes en la adaptación, tales como la falta de conocimientos técnicos y legales, los altos costos de los equipos y software, y la escasez de apoyo y subvenciones. Esto, afirman, hace que sus sectores ‘no estén todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de VeriFactu’.
En respuesta a los potenciales impactos negativos, proponen una moratoria de al menos dos años en la obligatoriedad de VeriFactu para permitir una adaptación segura. Adicionalmente, sugieren exenciones para individuos mayores de 60 años, flexibilidad para grupos vulnerables, prórrogas o ayudas para negocios con limitada capacidad tecnológica o financiera, y beneficios fiscales para incentivar el cambio y mitigar los costes iniciales.
Estas medidas buscan asegurar que ningún actor quede excluido y que la implantación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia del sector. Las organizaciones instan al Gobierno a colaborar en la creación de un plan de choque que facilite la transición hacia la facturación electrónica, incluyendo apoyo económico, técnico y formativo.
Las confederaciones subrayan que sus sectores son vitales para la cohesión social y la calidad de vida en diversas áreas, por lo que una implementación apresurada de VeriFactu podría poner en peligro la continuidad de muchas pymes y microempresas. Solicitan al Gobierno que permita una implantación flexible hasta 2028, con una moratoria y un programa de apoyo integral, además de exenciones y asistencias económicas inmediatas.
