La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), que representa a más de 650 empresas, ha expresado su preocupación ante el Parlamento Europeo sobre las consecuencias ‘desproporcionadas’ del mecanismo de ajuste de carbono en la frontera (CBAM), también conocido como ‘arancel climático’.
Durante una sesión en el Parlamento Europeo, a la que asistieron aproximadamente 60 eurodiputados, asesores y representantes de asociaciones industriales, y que fue inaugurada por la eurodiputada Susana Solís Pérez, se discutió esta problemática. Solís destacó durante su discurso que ‘el diseño actual del CBAM no encaja con la realidad del aluminio’ y defendió la necesidad de ‘reconocer las especificidades de esta industria y ajustar el instrumento para proteger la competitividad y los puestos de trabajo sin renunciar a los objetivos climáticos’.
La AEA ha señalado que los aranceles climáticos podrían provocar ‘un impacto regulatorio ‘desproporcionado’, al agregar costes adicionales que no consideran la trazabilidad ni el contenido reciclado del material’. Además, critican ‘un diseño fiscal sin incentivos industriales’ que, según ellos, ‘penaliza a los más sostenibles en lugar de impulsar inversiones verdes’, y advierten sobre ‘un riesgo de sobrecoste estructural’ que podría suponer hasta 11.000 millones de euros anuales para las industrias transformadoras europeas.