La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha demandado un trato justo para las 62.000 familias españolas que fueron pioneras en el ámbito fotovoltaico, en vista de los recientes laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Según informes, el CIADI ha dictado que España debe compensar a los inversores extranjeros por los mismos cambios normativos retroactivos aplicados.
Hasta ahora, se han emitido 28 fallos de más de 40 demandas acumuladas, que mandan a España a pagar más de 2.000 millones de euros a los inversores foráneos.
«España no solo incumplió el marco normativo que captó inversores nacionales y extranjeros, sino que tampoco ha querido acatar los laudos emitidos por el CIADI, lo que ha motivado que la justicia de Estados de varios continentes haya tenido que reclamar el cumplimiento de dichas indemnizaciones», explicó Anpier, señalando que ya se han dado casos en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido.
Además, Anpier ha advertido que estas sentencias «abren la puerta a las embargos cautelares o definitivos de bienes del Estado si España no cumple con las indemnizaciones dictadas».
«Junto con Rusia y Venezuela, España completa el desprestigio de completar el pódium de Estados incumplidores de laudos internacionales por incumplir la Carta de la Energía», afirmó Anpier. Recordaron que el Tribunal Supremo avaló, por cuatro votos a favor y tres en contra, los severos recortes retroactivos a las inversiones en renovables de 2007/2009, con reducciones de hasta el 50% en las retribuciones previamente garantizadas.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, reiteró que «no es aceptable que un Estado sacrifique a sus familias nacionales mientras indemniza a los fondos internacionales» y criticó la difusión de información errónea que desvirtuó el impacto de las inversiones en los precios de la energía.










