La Ley Antitabaco abre un frente económico y laboral mientras busca una difícil mayoría parlamentaria

¿Dejarán de venir turistas extranjeros a España si finalmente el Parlamento aprueba la Ley Antitabaco del Gobierno?

Más que una pregunta, es una reflexión que ya ha comenzado a aparecer en la prensa extranjera y que inquieta a varios sectores económicos, especialmente a la hostelería, donde los ingresos procedentes de las terrazas representan entre el 30% y el 40% de la facturación de muchos establecimientos.

Británicos, alemanes y franceses constituyen uno de los principales pilares del turismo español: millones de visitantes al año que generan un volumen económico decisivo. De ahí que la posibilidad de que parte de esos turistas —explica este martes Euro Weekly News— opte por otros destinos mediterráneos con menos restricciones haya encendido las alarmas del sector hostelero y turístico nacional.

Ya en septiembre del pasado año, cuando la propuesta del Gobierno comenzaba a tomar forma con un primer borrador, varios medios extranjeros recogían las dudas de potenciales visitantes británicos, algunos de los cuales aseguraban que dejarían de viajar a España si finalmente se aprobaba la nueva normativa. "Iré a otro sitio", resumía uno de esos testimonios.

Una opinión que, según los sectores consultados, no parece haber sido tenida en cuenta por el Ejecutivo. No solo la de los turistas, sino también la del impacto económico que, a su juicio, podría tener una propuesta que situaría a España entre los países europeos con una regulación más restrictiva sobre el consumo de tabaco en espacios abiertos.

España prohibe fumar

En la actualidad, España no mantiene una prohibición general de fumar en todas las terrazas de bares y restaurantes ni en las playas. Sí existen restricciones puntuales establecidas por algunos establecimientos o por determinadas administraciones autonómicas y locales.

La reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad pretende prohibir el consumo de cigarrillos convencionales, cigarrillos electrónicos, sobres de nicotina, productos herbales para fumar, pipas de shisha y dispositivos para calentar tabaco u otras sustancias en espacios abiertos como playas, terrazas de bares y restaurantes, estadios, instalaciones deportivas, parques infantiles, marquesinas de transporte público y centros educativos.

Ahora bien, para que ese nuevo marco normativo llegue a entrar en vigor, la ministra de Sanidad, Mónica García, deberá superar antes un complejo recorrido parlamentario.

Y no será sencillo. En primer lugar, porque cualquier proyecto de ley requiere meses de tramitación. En segundo, porque el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria estable, como demuestra el hecho de que continúe gobernando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Además, las próximas elecciones generales están previstas para el verano de 2027, salvo que se produzca un adelanto electoral.

La reacción de la hostelería

La hostelería es, probablemente, uno de los sectores que con mayor preocupación observa la reforma. No solo por el posible impacto económico sobre un negocio donde las terrazas constituyen una parte esencial de la facturación, sino también porque considera que la norma convertiría a camareros y responsables de los establecimientos en una suerte de vigilantes del cumplimiento de la ley.

Hostelería de España, la patronal que representa a más de 300.000 bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos de ocio, ha expresado un rechazo frontal a la reforma impulsada por el Gobierno para prohibir fumar en las terrazas. No obstante, recuerda que la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros únicamente supone el inicio de su tramitación parlamentaria, por lo que la medida todavía deberá superar el debate y la votación en las Cortes.

La organización cuestiona la eficacia de la prohibición al considerar que podría desplazar el consumo de tabaco a espacios privados, como los domicilios, o concentrarlo en las inmediaciones de las terrazas, con el consiguiente aumento de residuos y problemas de convivencia.

Además, sostiene que la mayoría de los ciudadanos prefiere campañas de información y sensibilización antes que nuevas prohibiciones y asegura que esta restricción no figura entre las principales demandas sociales.

José Luis Álvarez Almeida  

“Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto en el empleo, la actividad empresarial, la competitividad turística y la experiencia de los clientes”

La patronal también alerta del posible impacto sobre la hostelería y el turismo. A su juicio, una regulación de estas características podría perjudicar la competitividad de España como destino turístico, generar confusión entre los visitantes internacionales y trasladar a los trabajadores funciones de control que no les corresponden. Por ello, reclama que durante la tramitación parlamentaria se evalúe el efecto que la norma podría tener sobre el empleo, la actividad económica y la competitividad del sector.

En este sentido, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, reitera la voluntad de diálogo con las administraciones e insta a todas las fuerzas políticas a valorar las consecuencias de la reforma: «La convivencia, el respeto y el sentido común deben seguir marcando la relación entre nuestros clientes. Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto en el empleo, la actividad empresarial, la competitividad turística y la experiencia de los clientes».

Los consumidores

La posición de la Asociación Española de Consumidores también es crítica con el proyecto legislativo. La organización considera que la reforma debería centrar sus esfuerzos en combatir la venta ilegal de tabaco y de productos con nicotina, especialmente a menores de edad, en lugar de endurecer las restricciones sobre los canales legales de comercialización.

Asimismo, cuestiona que se contemple la posibilidad de sancionar a los padres de menores fumadores, al entender que el verdadero problema reside en el acceso irregular de los jóvenes a estos productos.

La asociación también rechaza que la futura norma equipare el tratamiento del tabaco convencional con el de los productos alternativos, como el tabaco calentado o los cigarrillos electrónicos. Asegura que una parte importante de los consumidores considera estas alternativas menos perjudiciales y advierte, apoyándose en una encuesta propia, de que restringirlas podría provocar el regreso de muchos usuarios al consumo de cigarrillos tradicionales, con el consiguiente perjuicio para la salud.

Por último, sostiene que la mayoría de los consumidores no comparte una prohibición generalizada de fumar en terrazas y espacios abiertos. Defiende que las limitaciones deberían circunscribirse a entornos especialmente sensibles, como centros sanitarios, educativos o lugares frecuentados por menores, y alerta de que extender las restricciones a las terrazas podría perjudicar innecesariamente a la hostelería sin garantizar una reducción efectiva del número de fumadores.

El estrés de los transportistas

Entre los colectivos que también han mostrado su rechazo a la reforma figura el transporte de mercancías por carretera. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) considera desproporcionada la prohibición de fumar en los vehículos laborales cuando se aplica a los conductores profesionales, ya que la inmensa mayoría desarrolla su jornada completamente sola en la cabina del camión y, por tanto, no expone a terceras personas al humo del tabaco.

La organización sostiene que la medida, lejos de mejorar la seguridad, podría incrementar el estrés y la ansiedad de los conductores fumadores durante las largas jornadas de conducción, circunstancia que, a su juicio, podría acabar repercutiendo negativamente en la seguridad vial.

Fenadismer también denuncia un trato discriminatorio al entender que la futura norma impediría fumar a los conductores profesionales que viajan solos en sus camiones, mientras que los conductores particulares podrían seguir haciéndolo en sus vehículos, incluso cuando transportan a otros ocupantes. Por ello, reclama que la reforma tenga en cuenta las particularidades del transporte de mercancías antes de culminar su tramitación parlamentaria.

El olvido de los agricultores y productores de tabaco

La Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab) también ha reaccionado a la iniciativa del Ejecutivo. En su caso, lamenta que, una vez más, se impulse una reforma con un importante impacto sobre el medio rural sin consultar ni escuchar a los agricultores.

La organización considera que la modificación de la Ley 28/2005 se suma a una larga lista de decisiones que, a su juicio, ignoran la realidad del campo español y ponen en riesgo la sostenibilidad de un cultivo estratégico como el tabaco.

Oitab recuerda que la producción de hoja de tabaco, concentrada principalmente en Extremadura, constituye una actividad esencial para la economía de numerosas localidades del norte de Cáceres, donde genera empleo, contribuye a fijar población, favorece la incorporación de la mujer al mercado laboral y ayuda a mantener el tejido económico de la zona. Por ello, reclama que durante la tramitación parlamentaria se tengan en cuenta las consecuencias económicas y sociales que la reforma podría acarrear para estas comarcas rurales.

Mirando a Europa

Todos los sectores consultados por DEMÓCRATA parten de una misma premisa: la protección de la salud pública y la lucha contra el tabaquismo merecen el máximo respeto y cualquier reforma de la Ley Antitabaco debe abordarse con responsabilidad, sentido común y moderación. Ninguno cuestiona el objetivo sanitario de la iniciativa. Lo que piden es que, durante su tramitación parlamentaria, se evalúen con rigor sus posibles consecuencias económicas, sociales y territoriales, evitando decisiones que puedan producir efectos no deseados.

Precisamente por ello, varias de las organizaciones consultadas consideran llamativo que el Ministerio de Sanidad haya decidido impulsar esta reforma cuando la propia Unión Europea se encuentra inmersa en la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco. A su juicio, adelantarse con una regulación especialmente restrictiva podría obligar a España a revisar nuevamente su legislación una vez concluya el proceso comunitario, cuando quizá hubiera resultado más razonable esperar al resultado del debate europeo.

Los sectores también recuerdan que el anteproyecto ha suscitado objeciones desde el inicio de su tramitación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por ejemplo, recomendó revisar algunos aspectos de la propuesta al considerar discutible la proporcionalidad de determinadas medidas y advertir de que algunas restricciones podrían traducirse, en la práctica, en una prohibición de facto. A ello se sumaron las observaciones formuladas por varios Estados miembros durante el procedimiento europeo TRIS, que ya obligaron en su día a retrasar parte de la tramitación del desarrollo reglamentario.

Todo ello anticipa un recorrido parlamentario que no se prevé sencillo. El Gobierno deberá reunir una mayoría suficiente para sacar adelante una reforma que, aunque nace con una finalidad inequívocamente sanitaria, ha abierto un debate que trasciende la salud pública y alcanza también a la economía, el turismo, el empleo, el transporte y el medio rural.