QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha subrayado que “las plataformas de base tecnológica tienen un poder amplísimo y no pueden pretender ser un mero intermediario que se lleve sólo los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad”, en referencia a la multa de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la segunda mayor sanción dictada hasta la fecha, solo por detrás de los 108 millones de euros con los que fue castigada Ryanair.
Según la máxima responsable de la asociación, esta resolución administrativa “es un aviso para navegantes”: “si quieres alquilar tu vivienda en uso turístico tienes que registrarla y cumplir con la ley”.
En una nota difundida por Asufin, Suárez sostiene que la compañía ha sido sancionada por “hacer una intermediación sin asumir ningún tipo de responsabilidad ni ejercer una labor de mínimo control de aquello que anuncia”, y ha resaltado de forma favorable la actuación del Ministerio en este expediente.
Por su parte, el titular de Consumo, Pablo Bustinudy, afirmó este lunes en rueda de prensa que el departamento continuará interviniendo con “total determinación” y que “lo de hoy es muestra de ello”.
“Esta intervención supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a Ryanair”, ha recordado el ministro, incidiendo en la relevancia de la multa a la plataforma de alquiler turístico.
