QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha emitido un aviso este lunes sobre el escaso impacto que el plan de recuperación español ha tenido en la mejora del ambiente empresarial, a pesar de que España es uno de los países que mejor ha gestionado los fondos anticrisis.
Un informe especial de los auditores europeos publicado recientemente concluye que las estrategias del plan de recuperación de España ‘solo abordan parcialmente’ los desafíos estructurales del entorno empresarial que Bruselas había identificado antes de la crisis sanitaria.
España se cuenta entre los siete Estados miembros —junto con Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Portugal— que han tratado de implementar en gran medida las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el entorno empresarial, aunque sin cumplirlas completamente.
Los auditores examinaron cuatro reformas financiadas por estos fondos en España, de las cuales tres se finalizaron según lo previsto y cumplieron con los compromisos formales con la Comisión, pero solo una tuvo un impacto notable en la economía. Las otras dos mostraron resultados ‘limitados’ y la cuarta aún estaba pendiente de implementación en abril de 2025.
Destacan entre las medidas un paquete de apoyo fiscal y de liquidez ejecutado durante 2020 y 2021 para mitigar el impacto de la pandemia en autónomos y pequeñas y medianas empresas, beneficiando a más de 1,5 millones de empresas, aunque su efecto fue temporal y no condujo a mejoras estructurales permanentes, pues las declaraciones de insolvencia empresarial aumentaron significativamente a partir de 2022.
El informe recalca que, aunque las reformas españolas han aliviado los impactos inmediatos de la crisis sanitaria, ‘no han transformado de forma sustancial el marco regulatorio ni la competitividad del tejido empresarial’. Además, alerta sobre la falta de indicadores de resultados que evalúen el impacto a largo plazo de estas medidas.
Finalmente, los auditores recomiendan a la Comisión Europea y a los Estados miembro, incluido España, que diseñen futuros instrumentos con objetivos más claros y mecanismos de seguimiento robustos, para que los fondos europeos propicien cambios estructurales sostenibles más allá de 2026, fecha en la que finaliza la ejecución de los planes de recuperación.
