QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento, alcanzando un 2,15% interanual en julio de este año, en comparación con el 2,1% del mes precedente.
Los contratos de arrendamiento que se actualicen a partir de 2023 y que se hayan establecido tras la implementación de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, deberán aplicar este nuevo índice desarrollado por el INE para su revisión anual.
El INE emite mensualmente este índice, que servirá de límite para la actualización anual de los contratos de vivienda, se expresa con dos decimales y utiliza los datos mensuales más recientes. Este índice determinará el precio de revalorización de los contratos de arrendamiento firmados después de mayo de 2023.
El cálculo de este índice incluye el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y las variaciones en las tasas de crecimiento anual de ambos, además de un parámetro propuesto por la Dirección General de Política Económica, que refleja el crecimiento a largo plazo esperado del índice.
Un coeficiente moderador, sugerido por la Dirección General de Vivienda y Suelo y la Dirección General de Política Económica, se aplica a estas diferencias, tomando en cuenta las condiciones del mercado inmobiliario de alquiler.
Así, el índice de referencia establecerá un límite para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, siendo el menor valor entre la tasa de variación anual del IPC, la inflación subyacente y la tasa media ajustada anual, conforme a la metodología aprobada.
Con la divulgación de este índice, el INE cumple con la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que dicta que el organismo definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, estableciendo un límite para evitar aumentos excesivos en la renta.
En 2024, la actualización de las rentas estuvo excepcionalmente limitada al 3% debido a la escalada de precios causada por el conflicto en Ucrania.
Este límite no ha sido el único impuesto por el Gobierno como respuesta a la crisis inflacionaria provocada por la guerra en Ucrania. El Gobierno ya había establecido mediante un Real Decreto-Ley que la actualización anual de los contratos de arrendamiento para 2022 y 2023 se basara en el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que está limitado al 2% y nunca podrá ser inferior al 0%.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda citadas por Europa Press, los contratos firmados antes de la vigencia de la Ley por el Derecho a la Vivienda, es decir, antes de mayo de 2023, continuarán ajustando su renta anual basándose en el IPC o el IGC, según esté estipulado en el contrato de arrendamiento.
