Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha expresado su descontento por la decisión de la Comisión Europea de actuar como ‘abogado defensor’ de las grandes aerolíneas, tras la apertura de un procedimiento de infracción contra España. La penalización impuesta en noviembre pasado alcanzó los 179 millones de euros y afectó a compañías como Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet y Norwegian, acusadas de conductas ‘abusivas’.
En sus declaraciones, Bustinduy lamentó que la Comisión ‘desoiga todas las explicaciones’ proporcionadas por su departamento y, más alarmante aún, ignore a las asociaciones de consumidores europeos, con quienes no ha mantenido encuentros. Reveló que su encuentro con el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, confirmó los intereses de Ryanair, anticipados previamente por Michael O’Leary.
El ministro subrayó la influencia de los ‘lobbies’ de grandes corporaciones en las instituciones y reiteró su compromiso de defender los derechos de los consumidores españoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asegurando que su postura no variará y defenderá los principios del Ministerio de Consumo ‘hasta las últimas consecuencias’.
EXPEDIENTE DE BRUSELAS
La Comisión Europea ha cuestionado la Ley de Navegación Aérea española por limitar la autonomía de las aerolíneas para establecer precios, otorgando un plazo de dos meses a España para aclarar estas discrepancias. Si no se resuelven, podría avanzarse a una fase superior del procedimiento, que podría culminar en el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ministerio de Consumo defiende que la interpretación de la legislación debe ser competencia del Tribunal de Justicia de la UE y mantiene que las sanciones impuestas no se verán afectadas por este expediente. Bruselas, en su comunicado, ha recordado que el equipaje de mano debería ser gratuito si se ajusta a los requisitos de peso y seguridad establecidos, aunque permite cierta flexibilidad en la fijación de precios si se superan estas condiciones.