QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su descontento al calificar de “lamentable” la decisión de la Comisión Europea de “posicionarse abiertamente como el abogado defensor” de empresas aeronáuticas, tras el inicio de un proceso de infracción contra España. Este procedimiento se relaciona con una sanción de 179 millones de euros impuesta a cinco compañías aéreas –Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet y Norwegian– debido a conductas “abusivas”.
Bustinduy ha lamentado que Bruselas haya “desoído todas las explicaciones” ofrecidas por su ministerio y que, además, haya ignorado a las organizaciones de consumidores europeos, con quienes no ha mantenido encuentros. Ha destacado que el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, parecía seguir los argumentos de la aerolínea de bajo coste irlandesa, según lo anticipado por el CEO de Ryanair, Michael O’Leary, durante el verano.
Asimismo, el ministro ha enfatizado la importancia de proteger los derechos de los consumidores frente a los intereses corporativos, anunciando que defenderán su postura ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Nuestra postura no va a cambiar, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias y mientras en España haya un Ministerio de Consumo que tenga las prioridades bien claras”, ha recalcado.
EXPEDIENTE DE BRUSELAS
La Comisión Europea ha cuestionado la Ley de Navegación Aérea española por limitar la libertad de las aerolíneas para establecer sus tarifas, dando un plazo de dos meses a España para que responda a las irregularidades indicadas. De no alcanzarse un acuerdo, Bruselas podría proceder a la segunda fase del proceso, que implicaría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde el Ministerio de Consumo se defiende que cualquier decisión sobre la viabilidad de las sanciones corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. A pesar del expediente, afirman que esto no afecta a las multas impuestas a las aerolíneas. Además, un comunicado de la Comisión recuerda que, según el Tribunal europeo, el equipaje de mano debería ser gratuito si se ajusta a los requisitos de peso, dimensiones y seguridad.
