QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
CAF, el fabricante de trenes con sede en Gipuzkoa, ha comunicado su cumplimiento con los derechos humanos en los proyectos que desarrolla en territorios palestinos ocupados por Israel, frente a la probable inclusión en una lista de la ONU que señala a empresas operando en asentamientos israelíes ilegales en Palestina.
La empresa ha enviado un extenso comunicado de tres páginas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), destacando que, probablemente, será añadida a esta ‘lista negra’ de la ONU en breve.
En medio de la adjudicación de un importante contrato de 1.695 millones de euros en Bélgica, CAF enfrenta controversias, luego de que Alstom, su competidor francés, impugnara la decisión. Los sindicatos belgas también se han mostrado contrarios, preocupados por la posible pérdida de empleos si Alstom no resulta ganador, usando la presencia de CAF en los territorios ocupados como argumento para rechazar su propuesta.
Por otro lado, la empresa pública belga que otorgará dicho contrato ha solicitado a CAF la confirmación de que sus operaciones respetan los derechos humanos internacionales, para poder proceder con la adjudicación.
Además, CAF enfrenta desafíos en Barcelona con un contrato para la fabricación de nuevos trenes para el metro, donde Alstom fue excluida por aparecer en la mencionada lista de la ONU, a pesar de no tener ya vínculos con contratos en territorios ocupados.
CAF ha formado un consorcio con la constructora israelí Shapir para la construcción de la Línea Verde del tranvía de Jerusalén, que incluye partes en Jerusalén Este, área considerada ocupada ilegalmente por la ONU. Este proyecto también abarca la operación y el mantenimiento de las líneas durante un periodo de hasta 25 años.
En su declaración, CAF ha reafirmado su conciencia sobre las implicaciones legales y éticas del proyecto en Jerusalén, tratando de equilibrar la protección de los derechos humanos con la necesidad de proveer infraestructura esencial sin discriminación. Asimismo, destaca que ha implementado políticas para evitar cualquier discriminación y asegurar la accesibilidad del transporte a todas las personas.
CAF también ha mencionado que realizó análisis legales previos al contrato y mantuvo consultas con expertos independientes y jurídicos en España, quienes confirmaron la legalidad del proyecto. Adicionalmente, ha destacado el valor social del tranvía, como facilitador del acceso a servicios esenciales y fomentador de los derechos humanos.
Finalmente, CAF ha declarado su firme compromiso con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos, aplicando un riguroso ‘Sistema de Compliance’ para mantener los más altos estándares de integridad y transparencia en todas sus actividades y operaciones.
