Al inicio del nuevo curso político, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han demandado a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que «cumpla» con el compromiso gubernamental de facilitar la jubilación parcial a los empleados de la Administración Pública, ya que actualmente existen barreras que la «dificultan».
«Por razones que el Gobierno tiene que arreglar, los trabajadores de las administraciones públicas no quedaron incluidos y, por tanto, esa es una cuestión que de manera inminente tenemos que solventar», declaró Álvarez tras la reunión del jueves con la ministra, que marcó el primer encuentro del curso político con los sindicatos.
Unai Sordo señaló que aún hay «elementos» pendientes de resolución en este tipo de jubilación en el sector público, que permite a los empleados compaginar pensión y trabajo a tiempo parcial bajo un contrato de relevo. Según Sordo, la «parálisis» en la renovación de plantillas de algunas Administraciones está impidiendo la jubilación anticipada en ciertos grupos, lo que genera gran malestar.
«Vamos a poner encima de la mesa, en efecto, un planteamiento para resolver esto en las próximas semanas y creo, sinceramente, que se va a resolver», afirmó Sordo. Por otro lado, la ministra Saiz aseguró que su departamento colaborará «incesantemente» con los agentes sociales para hallar «acuerdos», destacando que «hay voluntad, compromiso y mucho margen» para seguir «ampliando derechos».
Elma Saiz también adelantó que el lunes 15 se retomarán las conversaciones con sindicatos y patronal sobre el nuevo esquema de cotizaciones de autónomos para los próximos años, con reuniones de periodicidad semanal. Además, indicó que pronto se reunirá con la patronal, al igual que lo hizo con los sindicatos este jueves.
En relación a la defensa de las pensiones, Sordo y Álvarez argumentaron que el sistema público es «mucho más fuerte y viable» que cualquier alternativa privada, y criticaron las voces que cuestionan su viabilidad, especialmente en redes sociales, instando a desmontar la idea de que las pensiones contributivas deben financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales.
















