QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España debido a que ciertas leyes nacionales confieren al Gobierno la facultad de interferir en operaciones como la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Sabadell, lo cual, según Bruselas, excede el interés general.
El órgano comunitario ha otorgado un plazo de dos meses al Gobierno español para abordar las preocupaciones expresadas, que abarcan desde la necesidad de una profunda modificación en la transposición de dos directivas europeas hasta las dudas sobre si la intervención gubernamental en la transacción tiene un fundamento legítimo de interés general.
Según fuentes de la Comisión, comunicadas a medios incluyendo Europa Press, en caso de haber existido un motivo auténtico de interés público, esta intervención no representaría un problema. Sin embargo, subrayan que en temas bancarios no se debería haber escalado la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como ocurrió el 27 de mayo.
El envío de esta carta de emplazamiento marca el comienzo de un proceso sancionador que busca un diálogo entre Bruselas y Madrid para solventar las discrepancias y que podría culminar con la elevación del caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
A pesar de este proceso, la operación de BBVA sobre el Sabadell no se verá afectada en la práctica, ya que la preocupación de la Comisión se centra en la conformidad de la legislación española con el Derecho de la UE.
Bruselas aguarda que España rectifique los errores encontrados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que exigen una modificación considerable, mientras que las correcciones necesarias en la ley de defensa de la competencia deben ser adecuadamente dirigidas y aplicadas.
Fuentes comunitarias han indicado que las dos primeras normas proporcionan al ministro de Economía un poder de veto discrecional y la autoridad para decidir sobre transacciones bancarias, lo cual podría menoscabar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) en este sector.
