QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, la Comisión Europea ha desvelado un conjunto de propuestas orientadas a ‘simplificar’ la implementación de la nueva normativa que establece por primera vez restricciones a la Inteligencia Artificial (IA). Entre las modificaciones destacadas, se incluye el aplazamiento de 16 meses, hasta diciembre de 2027, de las normas para IA de ‘alto riesgo’ y una flexibilización en el marco de protección de datos en el sector digital.
‘Queremos dejar claro que la simplificación no significa rebajar nuestras salvaguardias. Nos mantenemos firmemente del lado de nuestros altos estándares en materia de privacidad, justicia y seguridad’, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, durante la presentación del paquete denominado ‘Ómnibus digital’.
La política conservadora subrayó además que la legislación europea representa un ‘sello de confianza’ para las compañías, ya que la Unión es ‘el lugar en el mundo en donde se enmarcan las reglas del juego de manera que protegen nuestros valores y derechos fundamentales’. En respuesta a las críticas recientes de numerosas organizaciones civiles que alertan sobre una posible ‘desregularización’ disfrazada de reducción burocrática, Virkkunen defendió las intenciones del paquete de leyes.
La Ley de Inteligencia Artificial, pactada en diciembre de 2023, comenzó a ser aplicable el verano posterior, pero la mayor parte del marco regulador, incluyendo las disposiciones para tecnologías de alto riesgo y sistemas generativos como las plataformas ChatGPT o DALL-E, estaba prevista para agosto de 2026. Con la nueva propuesta, que aún necesita la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, se postergarán estas obligaciones hasta diciembre de 2027, justificando la necesidad de adaptarlas a las herramientas disponibles para su supervisión.
Entre los sistemas de IA de alto riesgo figuran, por ejemplo, la identificación biométrica y categorización de individuos, así como aquellos usados para la gestión de infraestructuras críticas, asistencia legal o gestión de migración y asilo. Estos sistemas deberán cumplir con estrictos criterios de transparencia, incluyendo advertencias al usuario sobre el uso de esta tecnología y medidas para prevenir su uso en prácticas ilegales.
Además, Bruselas propone relajar los requerimientos de documentación técnica para las pymes, lo que podría suponer un ahorro de al menos 225 millones de euros anuales. También se busca reforzar las competencias de la Oficina de IA y centralizar la supervisión de los sistemas basados en modelos de IA de uso general, reduciendo la fragmentación en su gobernanza.
