La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana aprobará el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos para garantizar una formación de «calidad» y «adaptada» a la realidad productiva del país.
Así lo ha avanzado durante su participación en el ‘Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas’, donde ha recordado que este desarrollo reglamentario era una de las disposiciones a las que mandataba la reforma laboral.
De esta manera, según ha indicado Yolanda Díaz, con el nuevo Real Decreto que quieren impulsar se garantizarán contratos formativos que dispongan de «derechos laborales plenos en relación a la retribución, al salario mínimo, a la jornada laboral y al convenio». «Cuanto más cercana esté la formación al lugar local, pues más exitosa será la empleabilidad», ha añadido.
«El Supremo ha resuelto esto hace mucho tiempo, lo que es una formación no profesional en las empresas y lo que es un contrato formativo. Lo que el Supremo nos viene diciendo de manera contumaz, erre que erre, dándole la razón, es que las prácticas no profesionales no pueden sustituir empleos, de ninguna de las maneras, no puede ser. Lo que tienen que hacer las prácticas no profesionales es servir para el aprendizaje y no incorporar el valor, en términos de valor económico, productivo a las empresas, es decir, es para la persona destinataria de la formación», ha expuesto.
Junto a ello, Díaz ha indicado que con esta norma se cumple con las exigencias de la labor formativa, disponiendo de un convenio de cooperación entre el centro empresarial y la empresa, un plan formativo adaptado a los estudios y a la actividad productiva, la tutorización del proceso formativo laboral, al igual que se pide en el Estatuto de Prácticas no Profesionales en las Empresas, y con un control para conocer que el puesto y las actividades están relacionadas y tienen que ver con la formación que tienen los trabajadores con un contrato formativo.
«Si una persona joven se incorpora a una empresa con un contrato de formación en alternancia, va a tener, por tanto, asegurados sus derechos como trabajador o trabajadora y sus derechos como persona en formación», ha expuesto.
Según ha denunciado la ministra de Trabajo, en España apenas se usan los contratos formativos debido al uso fraudulento que se hace de los falsos becarios, con 1,7 millones de becarios, el 22% de ellos mayores de 30 años, frente a los sólo 54.987 contratos formativos.
«Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios, que es justamente lo que no quiere la reforma laboral, el artículo 11, que tanto trabajo y con tanto mimo hemos hecho entre agentes sociales y también entre muchas formaciones políticas de este país. Por tanto, se acabó», ha expuesto.
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