Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre del tercer trimestre, el sector público español registraba 954.600 trabajadores en régimen de temporalidad, lo que representa el 27,8% del total de empleados en este sector. Este índice es significativamente superior al observado en el ámbito privado, donde la temporalidad es menos de la mitad.
Este alto porcentaje de contratos temporales, donde el 58% corresponde a mujeres, ha provocado que la Comisión Europea recorte fondos a España por no cumplir con la directiva de reducir la temporalidad al 8% como máximo. Ante esta situación, el CSIF exige la eliminación de la tasa de reposición que limita la contratación permanente en áreas críticas como sanidad y educación.
El sindicato también plantea sanciones para los responsables que no respeten los límites legales, proponiendo incluso responsabilidades judiciales para abordar el abuso y la precariedad laboral. Además, CSIF, junto a UGT y CCOO, ha anunciado movilizaciones a partir del 30 de octubre y una posible huelga en diciembre si persiste el bloqueo en la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, resumiendo su posición con el lema ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’.














