QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, entre cuyas condiciones se encontraba la financiación singular para Cataluña, el gobierno español viene insistiendo en que la modificación del modelo de financiación es aplicable a todas las comunidades. Demócrata analiza con varios economistas y juristas las consecuencias para las CCAA y el Estado de aplicar una propuesta como la pactada entre socialistas e independentistas, así como las diferencias entre lo consensuado el año pasado y lo cerrado entre la Generalitat catalana y el ministro de Política Territorial hace unas semanas.
Para Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en España “lo que se planteaba desde Cataluña en un primer momento era un enfoque confederal. Es decir, cada uno con lo suyo, y después ponemos para todos. La Unión Europea, por ejemplo, es confederal”. En su opinión, “deberíamos ir avanzando hacia la experiencia de otros países federales”.
Respecto a lo firmado por el PSC y ERC en 2024, y lo pactado por el Gobierno de Illa con el Gobierno de España hace tres semanas, el investigador subraya que el acuerdo inicial planteaba algo muy similar al modelo foral vasco y navarro, pero “lo que ha salido ahora es más vago que el texto de hace un año». «Es un documento que, depende cómo lo interpretes, podría ser una reforma del modelo actual asumible o un paso hacia el objetivo final que sería el modelo del País Vasco y Navarra».
Coincide Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA): “Da la sensación de que se está intentando suavizar. Sin renunciar a lo anterior, pero ahora mismo no quieren asustar demasiado. Si comparas los dos textos hay diferencias llamativas”.
¿A qué comunidades beneficiaría?
Aunque, como indican las fuentes consultadas, parece claro que ninguna otra comunidad tiene intención de reclamar actualmente una financiación singular como la catalana, sí se puede saber –destaca Lago– qué pasaría si se extrapolara al resto un modelo de cupos: “Para Galicia, Extremadura, Andalucía o las dos Castillas sería muy perjudicial, y saldrían ganando comunidades como Madrid y Baleares”.
Ángel de la Fuente también señala a Madrid y Baleares: “Los sistemas de cupo favorecen a los ricos”. En la misma línea, el catedrático de Derecho Constitucional apunta a Madrid y Baleares, aunque reitera que sería muy complicado “encontrar una fórmula que calcule el cupo de la solidaridad de forma satisfactoria”.
Reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas
A partir de septiembre, se espera su propuesta de reforma y un proyecto de ley con los cambios legales necesarios. Para Abraham Barrero, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, si se generalizara una fórmula como la vasca o la navarra, no sería necesaria una reforma constitucional, sino de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En cualquier caso, el jurista resalta que “sería algo inédito en el derecho comparado: en ningún país federal se diseña un modelo de financiación en el que prácticamente todo el poder tributario del Estado desaparece de los territorios”. Según el jurista, “pondría en jaque la solidaridad. El Estado ingresaría mucho menos para seguir ejerciendo las funciones que constitucionalmente le corresponden”.
Por añadidura, “las CCAA tendrían un poder de negociación del que hoy carecen, pero sería una negociación desigual. Tenemos la experiencia de cómo se calcula el cupo vasco, y siempre es a la baja, en función de una negociación más basada en cuestiones políticas, y no en atender a los servicios que presta el Estado en el País Vasco”, agrega el jurista.
Por sacar algo bueno, añade Barrero, “afrontar un cambio en el modelo de financiación, podría tener la ventaja de que, quizá, abriría el debate en torno a cómo se calculan los cupos”.
