En un reciente movimiento regulatorio, el Gobierno ha decidido implementar una lista preliminar de la Unión Europea para vetar la entrada de productos originarios de los territorios ocupados en Palestina. Esta decisión se enmarca en un decreto-ley ratificado por el Consejo de Ministros este martes.
La Agencia Tributaria se encargará de elaborar un detallado listado de localidades y códigos postales específicos de donde provienen estas mercancías, facilitando así su exclusión en las aduanas, informaron fuentes gubernamentales.
En cuanto a las sanciones aplicables, estas se activarán cuando las infracciones superen los 50.000 euros, con penas que podrían oscilar entre uno y cinco años de prisión, y multas que irían desde el valor de la mercancía hasta seis veces dicho valor.
DESCONEXIÓN DE ISRAEL
Desde el Gobierno se ha confirmado que, desde el 7 de octubre de 2023, el ministerio de Defensa ha estado trabajando para eliminar cualquier dependencia de tecnología israelí, logrando este objetivo en julio pasado. Se ha asegurado que no hay licencias activas de Israel en este ministerio.
Adicionalmente, el Gobierno ha indicado que no se prevén indemnizaciones en los contratos con empresas israelíes, ya que se está negociando la sustitución o cancelación de estos acuerdos.
Entre las tecnologías afectadas se encuentra Pegasus, asociada a escándalos de espionaje. El ministerio de Defensa afirma que «tiene como objetivo la dependencia cero de Israel» y que está listo para aplicar el real decreto-ley «con todas las consecuencias».
Por último, el Gobierno ha formalizado la prohibición de adquirir armamento a Israel, consolidando esta medida dos semanas después de su anuncio por parte del presidente Pedro Sánchez, como parte de un conjunto de nueve nuevas iniciativas en respuesta al conflicto en Gaza.











