El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladará en los próximos días una nueva propuesta a los agentes sociales para actualizar la regulación de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) y reforzar su funcionamiento. Así lo ha señalado este lunes la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, al término de la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno.
De acuerdo con un comunicado de CCOO, la mesa de diálogo viene perfilando un paquete de medidas centradas en acelerar la tramitación de las bajas médicas. Entre las iniciativas planteadas figura la reorganización de los medios humanos y materiales de la Inspección Médica del INSS con el fin de constituir un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) de carácter centralizado.
UGT y CCOO han destacado la reactivación de este espacio de negociación, que llevaba casi dos meses sin reunirse, después de que el departamento que dirige Elma Saiz aceptara desbloquear dos asuntos pendientes de acuerdos anteriores que debían resolverse antes de avanzar en el resto de reformas: la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas y el mantenimiento del periodo transitorio fijado en la reforma de 2021 para calcular la cuantía de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria.
Estos dos puntos habían mantenido paralizadas las conversaciones hasta que se alcanzó un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública. El objetivo es asegurar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral, garantizando que el trabajador relevista que entra tenga un contrato fijo a jornada completa, ya sea procedente de un proceso selectivo superado o mediante su incorporación como interino hasta que la plaza se cubra de forma definitiva mediante la correspondiente oferta pública de empleo.
En este contexto, CCOO ha reclamado en la mesa que el Ejecutivo apruebe "sin más demora" un Real Decreto-Ley que incluya todas las materias que requieren rango legal y que ya cuentan con consenso en el diálogo social, así como un Real Decreto específico para aquellas cuestiones de carácter reglamentario.
El sindicato también ha pedido al Gobierno que garantice la convalidación parlamentaria del futuro Real Decreto-Ley y que en su redacción se incorporen las medidas urgentes que ya disponen del respaldo de la mesa de diálogo social.
Según CCOO, estas normas deberían recoger, además de la regulación de la jubilación parcial en las administraciones públicas, las actuaciones para mejorar la pensión de viudedad de las parejas de hecho, junto con las medidas sobre gestión de la incapacidad temporal que ya han sido pactadas y que previsiblemente contarían con un apoyo suficiente en las Cortes para su convalidación.
El sindicato ha planteado igualmente aprovechar ese Real Decreto-Ley para modificar el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, de forma que se lleve a cabo sin más retrasos la actualización normativa que asegure de manera definitiva el derecho a la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario.
La pensión de viudedad para parejas de hecho, bajo análisis
En el marco de la negociación, la mesa estudia la opción de permitir el acceso a la prestación de viudedad en casos de parejas de hecho en los que no se pueda acreditar la formalización administrativa de la unión, siempre que existan hijos comunes con la persona causante de la pensión de viudedad o se puedan probar periodos de convivencia pública y notoria.
Durante la reunión, UGT ha reclamado una regulación específica del coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal del sector aéreo. Por su parte, CCOO ha defendido que las mutuas colaboradoras se conviertan en Entidades Gestoras de la Seguridad Social o, alternativamente, que se establezca la presunción de laboralidad en la atención sanitaria y económica de los procesos musculoesqueléticos que los trabajadores planteen ante las Mutuas alegando origen profesional y que, si finalmente se determina que se trata de una contingencia común, la mutua pueda solicitar a la Seguridad Social la determinación de contingencia.
El sindicato que encabeza Unai Sordo se ha mostrado contrario a la iniciativa del Gobierno de ampliar las competencias de las Mutuas para que puedan formular propuestas de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes.