El Tribunal de Cuentas Europeo pone en duda el diseño y la eficacia del nuevo fondo de descarbonización de la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona el nuevo fondo de descarbonización de la UE por dudas financieras y de impacto real en inversiones verdes.

2 minutos

Monedas de euro sobre una bandera europea. picture alliance / Uli Deck/dpa

Monedas de euro sobre una bandera europea. picture alliance / Uli Deck/dpa

Comenta

Publicado

2 minutos

Más leídas

El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en entredicho este martes la arquitectura del Fondo temporal para la descarbonización planteado por la Comisión Europea, al señalar “insuficiencias” en su concepción y expresar dudas sobre su efecto real en la reducción de emisiones y sobre su solidez financiera.

En un dictamen difundido este martes, los auditores comunitarios subrayan que, tal y como está configurado, el fondo —pensado como instrumento provisional para frenar la deslocalización de industrias con alta intensidad de carbono y nutrido con los ingresos del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM)— no asegura una gestión financiera robusta ni ofrece garantías claras sobre su capacidad para estimular nuevas inversiones en descarbonización.

El informe detalla que sigue sin definirse con precisión hasta qué punto este mecanismo servirá de palanca para movilizar nuevas inversiones verdes, dado que, tal y como recuerdan, las ayudas se calcularán en función de niveles históricos de producción y no en torno a proyectos futuros, lo que, en opinión del Tribunal, reduce su potencial para transformar el tejido industrial.

Del mismo modo, los auditores reprochan a la Comisión que haya pedido excepciones a las reglas presupuestarias de la UE sin una justificación completa, advirtiendo de que algunas de estas dispensas podrían entrar en conflicto con principios esenciales de la gestión financiera comunitaria.

El dictamen también llama la atención sobre la falta de claridad en las cifras del fondo. De acuerdo con las previsiones de Bruselas, los ingresos se situarían en torno a 632 millones de euros frente a un gasto estimado de 265 millones, un desfase que, para el Tribunal, cuestiona la necesidad de fijar en el 25% la aportación de los Estados miembro vinculada al CBAM.

Asimismo, el órgano fiscalizador avisa de dificultades en el calendario de ejecución del instrumento, ya que una parte de los recursos no estaría disponible hasta un año después de su recaudación, lo que —subraya— condicionaría su utilización inmediata y añade incertidumbre sobre cómo se administrarán estos fondos.

Pese a todo, los auditores admiten que el modelo del fondo incorpora elementos favorables, como el recurso a estructuras administrativas ya operativas, lo que contribuirá a aliviar la carga burocrática para las empresas que resulten beneficiarias.