QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Miles de trabajadores de organismos estatales como Correos, Paradores y Renfe se sumarán a una gran protesta nacional el 30 de octubre, organizada por UGT, CCOO y CSIF, en respuesta al estancamiento en la negociación colectiva por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Este bloqueo ha resultado en la congelación de los salarios de los funcionarios este año y ha impedido la actualización de los acuerdos salariales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que más de 20.000 trabajadores de importantes instituciones públicas continúan sin un convenio que se ajuste a las necesidades específicas de sus roles laborales. Entre estas entidades se encuentran Senasa (aeronáutica), Incibe (ciberseguridad), Isdefe (defensa), el Consorcio de Compensación de Seguros (indemnizaciones) y Paradores, cuyas negociaciones del convenio llevan cuatro años en espera, o Fundae, que logró un preacuerdo en octubre de 2022 aún no aprobado por Hacienda.
En Tragsatec, que forma parte de SEPI, también se enfrentan a desafíos similares, con más de 15.000 empleados regidos por un acuerdo de 2011, «anticuado y que no corrige su tasa de eventualidad», la más alta del sector público, según CSIF.
Además, CSIF critica que en algunas empresas como el Consorcio de Compensación de Seguros no se paga la evaluación del desempeño a pesar de existir un acuerdo firmado, mientras que en Isdefe y Incibe los convenios son obsoletos. El sindicato exige la implementación de la jornada de 35 horas en todas las empresas públicas, como ya se hizo en la FNMT-Casa de la Moneda desde julio, alegando que esto generaría empleos y facilitaría la conciliación laboral sin perjudicar económicamente a los trabajadores.
La mayoría de las empresas públicas aún no adoptan esta reducción de jornada, a pesar de que el Gobierno ha eliminado las restricciones para su implementación en el sector público. Por otro lado, la oferta de empleo público para 2025, aún pendiente en muchas de estas empresas, es vista por CSIF como crucial para rejuvenecer las plantillas y reducir la elevada tasa de temporalidad que en el Grupo Tragsa supera el 60%, en Paradores el 30% y en Correos el 20%, cifras muy alejadas del 8% exigido por Bruselas.
