España ha registrado convocatorias por un total de 90.718 millones de euros en transferencias procedentes de los fondos europeos 'Next Generation EU' --sin contar los préstamos--, mientras que el importe efectivamente adjudicado asciende a 63.403 millones. Esta diferencia, cercana a los 27.000 millones, deberá cerrarse antes de agosto de 2026.
Así se recoge en el informe 'Evolución de los Fondos Next-Gen EU en España', difundido este jueves por el Centro de Políticas Económicas de Esade, EsadeEcPol. El documento alerta de que la brecha entre lo convocado y lo adjudicado, la elevada concentración de los recursos y los cuellos de botella administrativos suponen "retos críticos" en la fase final del despliegue de estos fondos --agosto 2026--.
Los responsables del análisis, Manuel Hidalgo, Jorge Galindo y Javier Martínez, estiman que ya se ha alcanzado un nivel notable de movilización, con en torno a 90.000 millones de euros convocados (sin incluir préstamos), de los que algo más de 63.400 millones habrían sido ya adjudicados al tejido productivo.
Con todo, subrayan que la diferencia de unos 27.000 millones entre lo convocado y lo concedido, unida a la cercanía del límite temporal, abre dudas sobre la capacidad del sistema para absorber la totalidad de los recursos dentro del calendario previsto.
"La brecha de 27.000 millones entre ambas cifras debe cerrarse antes de agosto de 2026. Concedido, además, no equivale a ejecutado presupuestariamente, por lo que la urgencia operativa es aún mayor", se remarca en el estudio.
A este contexto se añade una decisión relevante adoptada por el Gobierno en diciembre de 2025, cuando renunció a cerca de 60.000 millones de euros en préstamos europeos, aproximadamente el 73% del tramo crediticio inicialmente asignado a España. El Ejecutivo sostiene que el coste de financiación del Tesoro en los mercados se ha aproximado al de los préstamos europeos, lo que habría eliminado la ventaja financiera que ofrecían en 2021.
Como consecuencia, el volumen total de fondos NextGenEU que España terminará movilizando pasa de los 163.000 millones previstos inicialmente a unos 103.000 millones. "Esta renuncia, si bien libera de las condicionalidades asociadas a los préstamos, también evidencia las dificultades encontradas para desplegar el ambicioso programa de inversión en los plazos establecidos", han apuntado los expertos.
El informe añade que la inquietud aumenta si se considera que los "caminos de menor resistencia" ya se han agotado con las primeras oleadas de fondos, quedando por ejecutar las fases más complejas desde el punto de vista operativo.
Desigualdades territoriales: País Vasco y Aragón lideran per cápita
En el plano territorial, el estudio señala que, en términos absolutos, las mayores cuantías se concentran en Cataluña (3.722 millones de euros), Andalucía (3.090 millones) y la Comunidad de Madrid (2.475 millones). No obstante, el ranking per cápita lo encabezan País Vasco (732 euros) y Aragón (729 euros), lo que indica que el tamaño de las grandes comunidades oculta una distribución más matizada.
Los autores destacan que Cataluña presenta un liderazgo transversal, situándose en cabeza en comercio (337 millones), manufactura (185 millones) y, de forma muy notable, en infraestructuras de aguas y residuos (626 millones), ámbito en el que cuadruplica a la siguiente región.
Sin embargo, Andalucía ya disputa el primer puesto en construcción (970 millones frente a 961 millones) y se ha colocado por delante en información y comunicaciones (311 millones frente a 231 millones).
Galicia, por su parte, continúa llamando la atención al superar a Madrid en actividades profesionales y científicas (142 millones frente a 129 millones) pese a su menor dimensión, lo que sugiere que los fondos vinculados a la digitalización están llegando al territorio de forma más capilar de lo previsto.
Construcción, sector dominante; educación y salud, a la cola
En cuanto al reparto sectorial, la construcción se sitúa al frente con más de 13.000 millones de euros, triplicando al comercio (3.897 millones). A continuación figuran la recogida y tratamiento de aguas (2.446 millones), información y comunicaciones (3.532 millones), actividades profesionales (más de 2.300 millones) y transporte (1.977 millones).
En el extremo opuesto, educación (705 millones) y salud (567 millones) suman conjuntamente menos de 1.300 millones, "lo que plantea dudas sobre si el programa está priorizando el stock de capital físico sobre el capital humano".
Alta concentración de beneficiarios y dos velocidades en la ejecución
El informe también pone el foco en la fuerte concentración de los recursos: el 1% de los beneficiarios que más fondos recibe aglutina el 71,4% del importe total adjudicado --grandes infraestructuras, PERTEs, consorcios estratégicos--, mientras que la empresa mediana apenas accede a una porción "infinitesimal".
"Las entidades privadas predominan como receptoras finales, pero la participación limitada de entidades locales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las transformaciones a largo plazo", han señalado los autores.
Recomendaciones: ejecución de emergencia y evaluación del impacto real
Entre las propuestas incluidas en el documento, los expertos abogan por una suerte de ejecución de emergencia, priorizando el cierre rápido de los procedimientos abiertos mediante una simplificación drástica de trámites y autorizaciones anticipadas.
Asimismo, reclaman el despliegue de equipos de apoyo en municipios y entidades con menor capacidad administrativa para superar la "brecha del percentil", la eliminación de solapamientos en la fiscalización a varios niveles y la adopción de medidas que impidan que el programa agrave las diferencias regionales.
Por último, los autores instan a pasar de medir "cuánto se ha convocado" a evaluar "qué se ha transformado", analizando si la inversión está generando nuevas capacidades productivas antes de que venza el plazo de agosto de 2026.