QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los expertos han señalizado la congestión de la red eléctrica como el principal obstáculo para la electrificación de la economía española. Durante un evento organizado por el Observatorio de la Energía de ICADE, Marta Castro, directora de Regulación de Aelec, subrayó la necesidad de mejorar y expandir la capacidad de acceso a la red, promoviendo inversiones esenciales para una infraestructura capaz y lista para los desafíos venideros, “al tiempo que se imponen medidas eliminar proyectos que ocupan red y no se vayan a ejecutar”.
Castro argumentó que estas acciones facilitarían que los proyectos que “quieran invertir en España, traer empleo y generar riqueza tengan acceso a la red”, a la vez que se ejecutan las inversiones requeridas para asegurar una red “robusta y preparada” ante la necesidad de una rápida electrificación.
Según datos recientes, el 85% de los nudos de la red están saturados, y en 2024, las distribuidoras procesaron solicitudes para más de 60 gigavatios (GW) en nuevas conexiones, de las cuales solo se aceptó el 10%. Alejandro Fuster, director técnico de Spain DC, destacó que estamos ante “una oportunidad industrial histórica” que podría perderse si no se incrementa la inversión en redes. “Esto crea un problema para ofrecer servicios a la sociedad, y aunque hay muchas empresas que quieren crecer, no pueden”, explicó, añadiendo que la escasez de infraestructura estratégica en los centros de datos “puede comprometer también la ciberseguridad”.
Los expertos coinciden en que la solución implica aumentar la inversión en las redes eléctricas, que no ha escalado al ritmo del incremento de la demanda, enfrentándose a significativas barreras regulatorias y económicas.
SEGURIDAD JURÍDICA Y RESPETAR LAS ORIENTACIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA
Fernando Calancha, socio director de Hogan Lovells en Madrid y responsable del área de Regulatorio y Energía, enfatizó la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones. Además, recalcó la necesidad de “respetar” las directrices de política energética respecto a la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes de distribución, teniendo en cuenta que las inversiones en infraestructuras se realizan en un contexto de acelerada transición energética global, especialmente en Europa, con una intensa competencia por el acceso a los mercados de capitales.
