Estafas en la regularización de migrantes: gestores, sindicatos y policía te advierten

Este 14 de abril, el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de personas extranjeras, un proceso cuyo arranque efectivo tendrá lugar este jueves y que está previsto que concluya a finales del mes de junio, según el calendario adelantado por el propio Ejecutivo.

La medida, pendiente de los detalles que este miércoles publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE), está dirigida a aquellas personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que cumplan determinados requisitos, entre ellos, acreditar varios meses de estancia en el país y carecer de antecedentes penales. Sobre este último punto, sindicatos de la Policía Nacional han advertido de las dificultades prácticas para su verificación, al señalar la ausencia de bases de datos digitales en algunos países de origen y los propios tiempos de tramitación en España, lo que —según apuntan— podría derivar en un sistema vulnerable.

Estas advertencias no son aisladas. Diversos organismos, partidos políticos, sindicatos y fuentes policiales coinciden en señalar la necesidad de prepararse ante posibles irregularidades en la gestión del proceso. Entre ellas, la aparición de cobros indebidos, la comercialización de citas previas falsas y la actuación de intermediarios no autorizados en un procedimiento que todavía está en fase de desarrollo normativo.

A ello se suma la preocupación trasladada por la Policía Nacional respecto a la capacidad operativa del dispositivo previsto. Según fuentes consultadas, existe inquietud sobre si el refuerzo de personal será suficiente para afrontar el volumen de expedientes, tanto por el número de efectivos incorporados, como por su nivel de experiencia y especialización. En este contexto, también se subraya que la obtención de antecedentes penales de determinados países puede resultar, en ocasiones, inviable, debido a la inexistencia de registros digitalizados o a la falta de colaboración administrativa.

En paralelo, el sindicato Funcas prevé que el volumen real de personas que podrían acogerse a la regularización supere las estimaciones iniciales del Gobierno.

Los gestores administrativos toman la iniciativa 

En este escenario, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España se sitúa como uno de los principales actores en la respuesta preventiva ante posibles irregularidades. La organización ha articulado un conjunto de medidas con el objetivo de aportar seguridad, trazabilidad y garantías en un proceso que consideran especialmente expuesto.

Ante la previsión de una elevada demanda, distintas organizaciones han emitido avisos sobre posibles fraudes, especialmente en torno a la obtención de citas previas. Según denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), se han detectado prácticas con cobros que pueden alcanzar los 450 euros por gestiones vinculadas al proceso.

Sin embargo, es el colectivo de gestores administrativos -contrario a la actual gestión de la cita previa-, el que ha desplegado una respuesta estructurada y de alcance nacional. Entre las medidas adoptadas destaca la creación de las GOEX —Gestorías Oficiales de Extranjería—, concebidas como puntos seguros de tramitación, así como la implantación de un sistema de identificación profesional que permite al ciudadano conocer, desde el primer momento, quién gestiona su expediente y bajo qué responsabilidad.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Demócrata señalan que la regularización ha situado la extranjería en el centro del debate público, reactivando al mismo tiempo prácticas ya conocidas, como el cobro por servicios gratuitos, la oferta de regularizaciones garantizadas sin base normativa o la venta de turnos inexistentes.

Según trasladan los gestores administrativos, estas prácticas forman parte de un problema estructural en el ámbito de la extranjería y no solo generan perjuicio económico, sino que afectan directamente a la seguridad jurídica de los solicitantes, que en muchos casos desconocen quién gestiona realmente su documentación o a quién pueden reclamar.

De acuerdo con un comunicado de CCOO, se han detectado tarifas que oscilan entre 50 euros por consultas básicas y hasta 450 euros por supuestas gestiones de regularización, incluso antes de la entrada en vigor formal del procedimiento.

Un sistema de verificación para garantizar la trazabilidad

Como respuesta, los gestores han impulsado el denominado Justificante Profesional de Extranjería, un documento electrónico verificable que permite conocer la identidad del profesional, su número de colegiado, el colegio al que pertenece y el tipo de gestión en curso.

Este sistema, gestionado a través de la Plataforma Mercurio, tiene carácter informativo y no implica la presentación formal ante la Administración ni altera plazos o resultados, pero introduce un elemento clave en el proceso: la trazabilidad. Su objetivo es que el ciudadano pueda distinguir de forma clara entre un profesional colegiado y un intermediario sin control.

La iniciativa se completa con la habilitación de un registro de gestorías de extranjería, que permitirá comprobar si una oficina está oficialmente reconocida o si opera al margen de cualquier supervisión colegial.

El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, subraya que la identificación es el primer elemento de protección en este ámbito. La organización colegial considera que la regularización abre una oportunidad para ordenar el sistema, pero advierte de un riesgo inmediato de fraude si no se actúa con rapidez, motivo por el que estas medidas buscan ofrecer una respuesta coordinada en todo el territorio.

"El mercado negro"

Desde el ámbito político, el Partido Popular ha expresado su desacuerdo con el modelo de regularización. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, cuestiona la falta de una estimación única sobre el número de beneficiarios, al señalar diferencias entre las cifras manejadas por el Gobierno (500.000), plataformas sociales (700.000) y la Comisaría General de Extranjería (1.200.000).

En línea con otras advertencias -en sintonía con las alertas trasladadas por gestores administrativos, sindicatos y Policía Nacional-, la dirigente popular también alude a la posible aparición de un “mercado negro” de certificados falsos y recuerda que los solicitantes dispondrán de un mes para acreditar sus antecedentes penales, ampliable a tres meses por vía diplomática.

Además, Ezcurra ha defendido que, si bien España tiene un problema demográfico, "pero también lo es que somos el país de la UE con mayor brecha entre los hijos que se desean y los que se tienen. Y eso -apunta-, no se arregla con regularizaciones masivas sino con políticas que permitan a los españoles formar las familias que quieren tener: vivienda, empleo, fiscalidad. Que quede claro. Pero -colige-, regularizar sin vincular al empleo no suma cotizantes, suma beneficiarios. Y los servicios públicos ya están al límite", advierte. 

Despliegue del proceso

Este martes, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, detalló que el procedimiento comenzará con solicitudes online disponibles las 24 horas, a partir de este jueves, mientras que la atención presencial -mediante cita previa gratuita- se iniciará el 20 de abril.

Para su gestión, el Ejecutivo ha previsto la incorporación de 550 profesionales adicionales distribuidos en 450 oficinas en todo el territorio: 60 de la Seguridad Social o Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería.

Saiz también hizo referencia a un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, dependiente del Gobierno, que plantea escenarios demográficos y económicos vinculados a la migración, señalando que una reducción del 30% en los flujos migratorios podría implicar una caída del PIB del 22%, la desaparición de más de 90.000 establecimientos y una reducción significativa de la población.

Las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización para residir y trabajar en España, con una vigencia inicial de un año, así como a un número de afiliación y tarjeta sanitaria. Posteriormente, podrán integrarse en las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería.

Entre las condiciones adicionales, los solicitantes deberán acreditar haber trabajado en España, contar con una unidad familiar determinada o justificar una situación de vulnerabilidad.

De la laguna llamativa del Consejo de Estado, al posicionamiento del Ejecutivo

El informe del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso este medio, avala el proceso de regularización, si bien, recoge que el Ejecutivo tiene una "laguna llamativa" en su propuesta, porque aún un análisis completo del impacto económico, al encontrarse en fase de elaboración. Además -aportan fuentes políticas-, el órgano consultivo ha acabado rechazando la flexibilidad de Elma Saiz en aspectos clave sobre los antecedentes penales, y a la postre ha terminado asumiendo las tesis de Interior del ministro García-Marlaska.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida en una carta dirigida a la ciudadanía, en la que la califica como un acto de “justicia” y “necesidad” ante el envejecimiento de la sociedad española.

El jefe del Ejecutivo destaca que la iniciativa ha contado con el respaldo de organizaciones sociales y más de 600.000 personas a través de una Iniciativa Legislativa Popular, subrayando el apoyo de distintos sectores, entre ellos la Iglesia, sindicatos, empresarios y sociedad civil.

Huelga en el momento que arranca el proceso

Entretanto, CCOO ha convocado una huelga de carácter indefinido en las Oficinas de Extranjería y CSIF, denunciando una plantilla insuficiente en Correos y sin formación. En 2024, las Oficinas de Extranjería tramitaron un total de 1,2 millones de expediente cifra, cifras que se incrementan a un ritmo de 150.000 expedientes nuevos cada trimestre, según CCOO. Por ello, considera "insostenible" la situación de cara al nuevo proceso de regularización que supondrá una carga adicional de trabajo. La lista de espera para una cita en Extranjería es actualmente de 90 días.

Por su lado, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, hizo ayer un llamamiento a "solventar problemas administrativos" que puedan retrasar el proceso. Porque -avisó-, "si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema", ha avisado. "Lo que quiero -adelantó al dirigente de Sumar-, es que todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real decreto puedan regularizar su situación, porque este es el objetivo de cualquier norma, poder desplegar todos sus efectos". Así pues -incidió-, "tenemos que garantizarlo, no ponerlo por un lado y por otro que haya una serie de problemas. Si sabemos que hay algunos problemas, intentemos solventarlos", afirmó en rueda de prensa de prensa en el Congreso de los Diputados.

Más allá de Sumar, Compromís ha tachado de "injusticia" que los saharauis no puedan regularizarse y pide al Gobierno que lo solucione.