El Ministerio de Función Pública ha llamado para mañana, 17 de abril, a las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF para una nueva reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo, en la que se tratará la oferta de empleo público de este ejercicio, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Óscar López.
El encuentro se celebra tras hacerse pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pone en cuestión el actual encaje jurídico del personal laboral indefinido no fijo en las administraciones, y después de que los sindicatos reclamaran convocar la Comisión de Temporalidad para analizar medidas adicionales que permitan rebajar la elevada temporalidad en la Administración Pública.
Desde Función Pública han adelantado que en la cita no está previsto debatir en detalle la reciente resolución del TJUE, aunque las organizaciones sindicales sí intentarán introducir el análisis del fallo en la mesa de negociación.
El TJUE ha señalado en una sentencia conocida esta semana que las herramientas previstas en España para sancionar el recurso abusivo a contratos temporales encadenados en el sector público no parecen adecuarse al Derecho comunitario, al no asegurar una reacción suficientemente eficaz frente a esas prácticas.
En su resolución, el tribunal europeo responde a una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo sobre si el modelo español para atajar estos abusos —sustentado, entre otros elementos, en la figura del indefinido no fijo, determinadas indemnizaciones o procesos selectivos— se ajusta a las exigencias de la normativa europea.
Tras conocerse la decisión, desde el Ministerio de Función Pública han subrayado que el pronunciamiento es "meramente aclaratorio", de modo que no modifica la legislación nacional ni conlleva sanciones, y que el derecho europeo no obliga a España a convertir en fijos los contratos temporales del sector público.
En esta misma línea, el departamento ha recordado que la doctrina del Tribunal Constitucional rechaza transformar en fijos a empleados temporales sin que la plaza se someta antes a una oposición abierta y en condiciones de igualdad.
Además, en declaraciones a los medios este jueves, Óscar López ha reiterado el compromiso del Gobierno con la reducción de la temporalidad en el empleo público y ha situado el foco del problema en las administraciones autonómicas, donde la tasa de temporalidad ronda el 40%, frente al 4% registrado en la Administración General del Estado.
El ministro ha remarcado también que el Ejecutivo ha impulsado la nueva Ley de Función Pública, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, con la que se pretende seguir profundizando en el proceso de reducción de la temporalidad en el conjunto del sector público.
El origen y alcance de la sentencia del TJUE
La resolución del TJUE parte del caso de una trabajadora que encadenó seis contratos de interinidad desde 2016 en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid, cuya relación laboral fue calificada por la justicia española como indefinida no fija al apreciarse un uso irregular de la temporalidad.
Sobre esta solución, el TJUE indica que "no constituye una medida adecuada", ya que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal" y perpetúa la "situación de precariedad" del trabajador, pese a que, tal y como recuerda el tribunal, la estabilidad en el empleo es un elemento "primordial" de protección.
Asimismo, el tribunal europeo señala que las indemnizaciones previstas en la legislación española, que se abonan al finalizar la relación laboral y están sometidas a topes máximos, no pueden considerarse una reparación "proporcionada y efectiva" ni asegurar una compensación "adecuada e íntegra" de los perjuicios causados.
Respecto al régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, la justicia europea advierte de que puede resultar insuficiente si no se apoya en criterios claros y previsibles y si no se acompaña de otras medidas eficaces y disuasorias frente al abuso.
Del mismo modo, el TJUE cuestiona que la mera convocatoria de procesos selectivos que valoran la experiencia previa sea una vía válida para corregir estos abusos, dado que no garantiza que los empleados afectados obtengan una plaza en propiedad ni impide que la situación de temporalidad se prolongue en el tiempo.
En cualquier caso, el tribunal europeo recuerda que será el Tribunal Supremo el que deba determinar si el marco normativo español se ajusta a los requisitos del Derecho de la Unión y resolver el litigio concreto que dio origen a la cuestión prejudicial.
Las demandas de CCOO, UGT y CSIF ante el fallo europeo
Tras difundirse el fallo, UGT Servicios Públicos reclamó la convocatoria urgente de la Comisión de Temporalidad para debatir medidas complementarias que contribuyan a rebajar la temporalidad, evitar nuevos abusos y asegurar una solución integral y estable para los trabajadores afectados, al entender que la sentencia evidencia la necesidad de abordar de manera estructural el problema de la temporalidad en el sector público.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido respuestas concretas ante la decisión del alto tribunal europeo y ha denunciado que las administraciones públicas están incumpliendo "de manera sistemática" la Ley de Temporalidad, lo que, según sus cálculos, implica que al menos 125.000 interinos se encuentren en situación de abuso de temporalidad.
Desde el Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) interpretan que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público confirma que el ordenamiento jurídico español continúa sin ofrecer una reacción suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el uso abusivo de relaciones temporales en el sector público.