María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ha enviado nuevamente una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando una reunión para tratar asuntos relacionados con la gestión de la AP-9, especialmente tras el reciente dictamen de la Comisión Europea sobre las extensiones del contrato concesional de la autopista.
Según una comunicación de la Xunta, esta es la ‘quinta reunión que solicita en el último año’, debido a la ‘falta de información’ por parte del Gobierno central respecto a su posición frente al mencionado dictamen.
El objetivo de esta reunión también incluye discutir un nuevo análisis realizado por la Xunta, que determina que la mejor opción para el bienestar público sería el rescate de la concesión, estimando el coste de esta acción en 2.356 millones de euros para 2025, cifra que supera los 2.331 millones calculados para 2024, a pesar de que la concesión ha avanzado un año más.
El incremento se atribuye a que los beneficios de la concesionaria siguen aumentando, lo que lleva a un mayor coste de indemnización, además de contar ‘un año más de beneficios’. Por esta razón, la Administración autonómica sugiere que ‘es mejor afrontarlo cuanto antes’.
Además, Allegue rememoró que esta estrategia ‘ya fue sugerida’ por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en sus informes sobre el proyecto de RD 680/2021, que introdujo bonificaciones a los usuarios, luego ampliadas en 2024. Allegue subrayó que el Estado ‘debe realizar también un análisis coste-beneficio equivalente’ al efectuado para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, el cual destacó ventajas socioeconómicas y medioambientales que llevaron a la eliminación definitiva del peaje.















