La planta de Gestamp en Linares (Jaén), especializada en la producción de componentes para la automoción, ha cerrado con el comité de empresa un ERTE que se aplicará sobre el conjunto de la plantilla, compuesta por 151 personas, y se extenderá hasta diciembre de 2027. El acuerdo incluye igualmente un plan de bajas incentivadas y un programa de prejubilaciones.
Según el acta suscrita por ambas partes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que el sector de la automoción en Europa «afronta un cambio significativo debido a que en la Unión Europea se ha decidido que todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean cero emisiones».
En la práctica, de acuerdo con lo recogido en el documento, esta decisión se traducirá en «la prohibición de comercializar vehículos de combustión, incluidos los de gasolina, diesel e híbridos en el año 2025, lo que está llevando a «la paralización de nuevos modelos térmicos».
El texto añade que los nuevos modelos que se producirán, eléctricos al 100%, «suponen un cambio radical en el concepto de los mismos, que implican un cambio en el sistema de fabricación y una reducción del empleo en el sector».
El acuerdo incorpora además como causa del ERTE la irrupción de «nuevos fabricantes de nacionalidad china, con la consiguiente pérdida de cuota de mercado de los fabricantes europeos», que constituyen la base principal de la cartera de clientes de Gestamp.
La factoría de Linares se ve directamente afectada por este contexto, dado que «se están reduciendo sensiblemente los pedidos por parte de los clientes a los que la empresa provee de los componentes de automoción». Hasta la fecha, la compañía había recurrido a distintas fórmulas de flexibilidad interna que «ha permitido ajustar la producción a la bajada de la demanda».
Sin embargo, el acta recoge que, ante el mantenimiento de esta situación en el tiempo, «no es recomendable seguir usando esas medidas de flexibilidad» y se opta por recurrir a «medidas coyunturales». En concreto, se plantea un ERTE por causas productivas con el objetivo de adecuar el volumen de producción mientras se confía en que las acciones comerciales y de reorganización interna deriven en «un incremento de la carga de trabajo esperada en el medio/largo plazo».
El periodo de aplicación de la suspensión de contratos se fija entre el 3 de noviembre de este año y el 31 de diciembre de 2025. El documento contempla la posibilidad de dar por finalizado el ERTE de forma anticipada si se modifican las circunstancias que lo motivan y especifica que, en ningún caso, podrá prorrogarse más allá de la fecha límite establecida.
El acuerdo establece igualmente que el máximo de días de suspensión que la compañía podrá aplicar a cada persona trabajadora afectada será de 130 días naturales a lo largo de todo el periodo previsto.










