Iberdrola, Endesa y Naturgy han decidido colaborar estrechamente para presentar una solicitud de extensión para la central nuclear de Almaraz al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “cuanto antes”, antes de remitir la documentación necesaria al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según han indicado fuentes de Iberdrola, principal accionista de la instalación nuclear en Extremadura.
La reunión de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT) se llevó a cabo este martes, con Iberdrola (53%) como principal accionista, seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%). Durante el encuentro, se revisaron las operaciones de la central, enfocándose en un escenario de continuidad y asegurando el mantenimiento óptimo de las instalaciones, lo que ha sido recientemente reconocido por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), que ha otorgado un nivel de excelencia a Almaraz.
En la reunión, tanto Iberdrola como Endesa destacaron la importancia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares bajo condiciones adecuadas, mencionando los beneficios económicos para los consumidores y la seguridad en el suministro energético como factores clave. Por su parte, Naturgy también ha mostrado su apoyo para extender la operatividad de Almaraz hasta el 2030 y luego reevaluar el papel de la energía nuclear en España.
Además, la fiscalidad asociada a la energía nuclear ha sido un punto crítico discutido en la reunión, con propuestas recientes de la Junta de Extremadura para reducir la ecotasa autonómica y favorecer la continuidad de la planta. Antes de finalizar el mes, los propietarios de Almaraz deberán suministrar al CSN la información pertinente para comenzar los estudios sobre el desmantelamiento del primer reactor.
Recientemente, tanto Endesa como Iberdrola enviaron una carta al Ministerio para la Transición Ecológica solicitando la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, a lo que el Gobierno respondió también por carta, marcando como condiciones esenciales la seguridad, garantía de suministro y que no implique un aumento de costos para los ciudadanos.














