QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Función Pública, junto con los sindicatos UGT y CSIF, ha logrado un acuerdo para incrementar los sueldos de más de tres millones de empleados públicos en un 11% durante el periodo 2025-2028. Este incremento se distribuirá de la siguiente manera: un aumento del 2,5% en 2025, un 1,5% en 2026 con un adicional del 0,5% sujeto a la evolución del IPC, un 4,5% en 2027 y finalmente un 2% en 2028, según indican fuentes sindicales.
El aumento correspondiente a este año será efectivo en diciembre con retroactividad desde el 1 de enero. En 2026, el incremento será del 1,5%, con la posibilidad de añadir un 0,5% adicional si la inflación alcanza o supera ese porcentaje al final del año. Este ajuste adicional se pagaría en el primer trimestre de 2027 de forma retroactiva. El incremento de 2026 será el único que combine una parte fija con una variable, mientras que los demás serán totalmente fijos.
Los sindicatos estiman que el aumento salarial acumulado para los funcionarios en esos cuatro años será aproximadamente del 11,5% debido al efecto de arrastre de los incrementos anuales. Además, el acuerdo incluye mejoras en las condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición y la agilización de los procesos selectivos.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha mantenido reuniones con los representantes sindicales para finalizar este pacto que también contempla el fortalecimiento de las plantillas de atención al público. CSIF ha destacado que este acuerdo es «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas» y ayudará a recuperar un 2,9% del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.
Adicionalmente, se establecerá una comisión de seguimiento para garantizar la implementación de las medidas acordadas, asegurando su cumplimiento «en tiempo y forma», tal como enfatiza CSIF.
«CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa», señaló Miguel Borra, presidente del sindicato.
