Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado que el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler se elevó al 2,22% interanual durante el mes de septiembre, marcando el pico más alto desde diciembre de 2024, cuando se registró un 2,28%.
Desde junio, este índice ha mantenido una tendencia al alza, superando el 2% durante cuatro meses consecutivos, con cifras previas de 2,19% en agosto, 2,15% en julio y 2,10% en junio.
Para los contratos de alquiler que se renueven a partir de este año bajo la nueva Ley de Vivienda, que entró en vigor el 25 de mayo de 2023, será obligatorio aplicar este índice diseñado por el INE para ajustar anualmente la renta.
El INE actualiza mensualmente este índice, que se calcula en base al Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y las variaciones de estas tasas de cada mes, además de un factor adicional propuesto por la Dirección General de Política Económica relacionado con el crecimiento a largo plazo esperado del índice.
Este índice se establece como el límite superior para la actualización de las rentas, siendo el menor valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de inflación subyacente y la media ajustada de estas tasas, conforme a la metodología aprobada.
Con la divulgación de este índice, el INE cumple con la disposición adicional undécima de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que estipula que antes del 31 de diciembre de 2024, se debe definir un índice de referencia para el ajuste anual de las rentas, con el fin de evitar incrementos excesivos.
En 2024, la actualización de las rentas estuvo excepcionalmente limitada al 3% debido al aumento de precios ocasionado por el conflicto en Ucrania. A su vez, el Gobierno ya había establecido límites a través de un Real Decreto-Ley para la actualización de los contratos de 2022 y 2023 basados en el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con un tope máximo del 2%.
Para los contratos firmados antes de mayo de 2023, la actualización de la renta continuará basándose en el IPC o el IGC, dependiendo de lo estipulado en cada contrato, según informaron fuentes del Ministerio de Vivienda a Europa Press.