La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, incorporará una “cláusula antifraude” con el objetivo de frenar posibles irregularidades en la adjudicación de vivienda de protección oficial, a raíz del caso de las VPO de Alicante que investiga la Justicia.
En relación con este asunto, ha recalcado que “no se va a financiar” con recursos públicos “ni una sola promoción” de vivienda en la que no se aseguren “registros conforme a criterios de transparencia objetivos” y “fácilmente constatables por la ciudadanía”, con la intención de impedir “escándalos” como el de Alicante, donde, según ha denunciado, existían “registros privados” en los que “dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO”.
Rodríguez ha precisado que será obligatorio disponer de un “registro público de demandantes de vivienda”, establecer “canales de adjudicación” claros y realizar “sorteos ante notario”. Estas “garantías” deberán ser aceptadas por todos aquellos que quieran “optar” a una parte de los 7.000 millones de euros contemplados en el plan.
Además, ha indicado que la Administración verificará el cumplimiento de estos requisitos y ha explicado que se ha “armado” un sistema de “dación de cuentas” imprescindible para poder acceder a la financiación pública.
La ministra ha insistido en que lo ocurrido con la VPO en Alicante no es un “accidente”, sino la consecuencia de decisiones “políticas” del Ejecutivo del expresidente Carlos Mazón, que han llevado a que haya personas haciendo cola para conseguir una vivienda protegida “como el que va a sacar las entradas a un concierto”.
El plan contará con una dotación de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y prevé destinar el 40% del presupuesto a incrementar de forma estable el parque de vivienda protegida, otro 30% a la rehabilitación de viviendas ya construidas mediante ayudas específicas y el 30% restante a apoyos como los dirigidos a la emancipación de los jóvenes, a reducir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y a intervenir en zonas tensionadas.
Prórroga de los alquileres y negociación en el Congreso
Respecto a la prórroga de los alquileres y su tramitación en el Congreso, Rodríguez ha expresado su respaldo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, responsable de la negociación. “Cuando sale un acuerdo del Consejo de Ministros, es de todos. Para mí todos los acuerdos se luchan, se pelean, se defienden”, ha afirmado la titular de Vivienda.
Al mismo tiempo, ha reconocido la complejidad de conseguir los apoyos necesarios en la Cámara Baja. En este contexto, ha defendido que se debe dar margen a la negociación y “apurar cualquier circunstancia” para cerrar un pacto, con especial atención a Junts.
“Yo creo que hay que recomponer”, ha señalado, recordando que la formación de Carles Puigdemont también resulta clave para sacar adelante otras iniciativas, como la ley de alquileres de temporada o las medidas destinadas a movilizar vivienda en España. “Y espero, como ha sido posible hasta ahora, poder seguir contando con Junts para ello”, ha concluido.
En cualquier caso, ante un eventual rechazo del decreto en el Congreso, Rodríguez ha adelantado que continuarán “peleando porque la gente que vive en alquiler en España merece una estabilidad”. “Yo lo que esperaría de los tribunales es que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social, frente a cualquier otro interés”, ha remachado.