Junts ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para una reforma en profundidad del régimen del trabajo por cuenta propia, en la que plantea que el acceso a la prestación por cese de actividad, el conocido como paro de los autónomos, se reconozca de forma automática, sin tener que demostrar la existencia de causas económicas, técnicas, productivas u organizativas.
Para acceder a esta protección, la iniciativa de Junts exige que el autónomo cause baja definitiva en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y proceda al cierre definitivo del negocio o a su traspaso a un tercero.
Asimismo, el grupo catalán precisa que, cuando el trabajador autónomo se dé de baja de forma definitiva en dicho censo, se le reconocerá también automáticamente la situación legal de cese de actividad por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable continuar con la actividad de manera temporal.
Se entenderá que concurren estas causas cuando el autónomo reduzca un 50% la jornada de la plantilla de su negocio o suspenda de forma temporal los contratos de trabajo de al menos el 50% de sus empleados, siempre que, en los dos trimestres fiscales anteriores a la solicitud presentados ante Hacienda, el volumen de ingresos ordinarios o ventas haya caído un 65% respecto a los mismos periodos del ejercicio o ejercicios previos y los rendimientos netos mensuales "según criterios fiscales del trabajador autónomo" no lleguen a la cuantía del salario mínimo interprofesional o a la base por la que estuviera cotizando. En estos supuestos no se exigirá el cierre del local abierto al público ni su transmisión a terceros.
Los umbrales que propone Junts rebajan los fijados actualmente en la Ley General de la Seguridad Social, que requiere una reducción del 60% de la jornada o la suspensión de al menos un 60% de los contratos, así como un desplome de los ingresos del 75%.
Para los autónomos sin trabajadores asalariados, la formación plantea que se considerará que existen motivos económicos cuando se mantengan deudas exigibles por un importe superior al 75% de los ingresos ordinarios o ventas de los dos trimestres fiscales inmediatamente anteriores a la solicitud (frente al 150% que marca ahora la ley), y que esos ingresos o ventas supongan, además, una caída del 50% respecto a los mismos periodos del ejercicio o ejercicios anteriores (actualmente el umbral es del 75%).
Junts también propone que se declare de oficio la situación legal de cese de actividad en supuestos de fuerza mayor que obliguen a interrumpir de manera temporal o definitiva la actividad económica o profesional. En estos casos, se considerará que hay fuerza mayor en el cese temporal parcial cuando la paralización afecte a un sector o centro de trabajo concreto, exista una declaración de emergencia por parte de la autoridad pública competente y se registre una merma de ingresos del 50% (frente al 75% contemplado en la normativa vigente).
Reserva mínima de mercado para autónomos en la contratación pública
En el articulado de la proposición, Junts plantea también cambios en la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de "corregir las barreras estructurales que dificultan el acceso de trabajadores autónomos y microempresas a la contratación pública".
"La división efectiva de los contratos en lotes, concebida como regla general y no como excepción, se configura como un instrumento esencial para favorecer la concurrencia, incrementar la competencia y permitir la participación de operadores económicos de menor dimensión en condiciones de igualdad real", sostiene el grupo.
La formación introduce una reserva mínima de mercado a favor de autónomos y microempresas, mediante la asignación de un porcentaje del volumen global de contratación pública a contratos o lotes de cuantía reducida, ajustados a su capacidad operativa.
"Esta medida responde a la necesidad de utilizar la contratación pública como palanca de política económica, promoviendo la diversificación del tejido productivo, el emprendimiento y el desarrollo local, sin menoscabo de los principios de eficiencia, transparencia y libre concurrencia", defiende Junts en la exposición de motivos.
En concreto, la propuesta fija que los órganos de contratación del sector público establezcan cada año un objetivo mínimo del 10% del importe adjudicado en contratos de obras, suministros y servicios destinado a trabajadores autónomos y microempresas, ya sea de forma individual o agrupada.
Esta reserva se articulará preferentemente mediante la división de los contratos en lotes por especialidad y la licitación de lotes de importe reducido a través de procedimientos con publicidad y concurrencia, recurriendo a procedimientos simplificados cuando sea posible.
Además, Junts plantea que la entidad contratante haga público un plan anual de ejecución de dicha reserva y un informe anual de seguimiento, con indicadores sobre adjudicaciones y, en su caso, medidas correctoras.
Principio de “no discriminación” por tamaño empresarial
La reforma impulsada por el grupo catalán incorpora también el principio de "no discriminación" por dimensión empresarial, "evitando la imposición de requisitos administrativos o de cumplimiento que no resultan legalmente exigibles a empresas de menor dimensión", como ocurre con ciertas obligaciones diseñadas para grandes compañías.
Con esta orientación, Junts afirma que se busca reducir cargas burocráticas innecesarias, suprimir obstáculos "artificiales" a la participación y asegurar que los procedimientos de contratación pública sean "proporcionales, accesibles y adaptados a la realidad del trabajo autónomo y de las microempresas".
En conjunto, la reforma que plantea Junts configura un paquete de medidas dirigido a reforzar la seguridad jurídica, equiparar la protección social de los autónomos con la de los asalariados, actualizar el sistema de cotización, garantizar la viabilidad de la actividad y dar respuesta a las distintas situaciones que afectan a los profesionales por cuenta propia.
El texto incorpora ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procesos de regularización, con el objetivo de acortar plazos, evitar "sobrecotizaciones prolongadas" y corregir disfunciones detectadas en su aplicación práctica, sobre todo en casos de pluriactividad, ausencia de rendimientos declarados o cambios tributarios posteriores.
La propuesta normativa incluye igualmente medidas de protección adaptadas a las particularidades del trabajo autónomo, entre ellas la equiparación en el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y la posibilidad de una reincorporación progresiva tras el nacimiento y cuidado de menor.