La Autoridad Portuaria de Gijón mantuvo este miércoles en Bruselas una reunión técnica con responsables de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, con la finalidad de dar pasos decisivos hacia la liquidación definitiva del proyecto de ampliación del puerto de El Musel y de la ayuda del Fondo de Cohesión vinculada a dicha actuación.
Según ha informado la Autoridad Portuaria gijonesa en una nota, el importe final pendiente de percibir asciende a 49,5 millones de euros y continúa sin cerrarse desde 2011. La entidad subraya que se trata del primer contacto directo del Puerto de Gijón con la Comisión Europea en más de 15 años.
Durante el encuentro se recordó que las incidencias surgidas a lo largo de la ejecución de la obra quedaron solventadas satisfactoriamente, “permitiendo culminar una infraestructura de extraordinaria complejidad en un plazo especialmente reducido para un proyecto de esta envergadura”. Ambas partes acordaron intercambiar documentación adicional con el fin de aclarar aspectos técnicos sobre los que aún persisten dudas.
La Comisión Europea deberá ahora pronunciarse sobre las cuestiones de fondo y de procedimiento planteadas por la delegación española, entre ellas la prolongación “injustificada” del expediente durante más de 15 años, una situación que, según la Autoridad Portuaria, podría vulnerar los principios de buena administración recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
“La Autoridad Portuaria de Gijón valora la reunión de forma positiva y confía en que el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible, poniendo fin a una situación de incertidumbre prolongada y garantizando el reconocimiento pleno de los derechos económicos que legítimamente corresponden al Puerto de Gijón”, ha declarado la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí. “El objetivo y la prioridad de la Autoridad Portuaria de Gijón es el desbloqueo definitivo del expediente europeo y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria”, ha señalado Roqueñí.
Resoluciones judiciales y defensa ante la Comisión Europea
El Puerto ha señalado que, en la reunión, se constató que, pese a las resoluciones del Tribunal de Cuentas y a la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023, hasta entonces no se había impulsado una actuación “sostenida y eficaz” destinada a exigir el cumplimiento de dichas resoluciones ni a trasladar su contenido a las instituciones europeas competentes.
En este sentido, han remarcado que estas decisiones judiciales ratificaron, “de forma inequívoca”, que el procedimiento de contratación, ejecución, modificación y liquidación de las obras de ampliación del Puerto de Gijón se ajustó plenamente a la normativa vigente. “La sentencia de la Audiencia Nacional desacreditó expresamente el informe de la OLAF que dio origen al procedimiento y que había sustentado durante años la posición de las partes acusadoras, al concluir que carecía de una base técnica y jurídica mínimamente sólida”, han apuntado desde El Musel.
También han recordado que el Tribunal concluyó que el dictamen de las peritos designadas entre personal de la IGAE no invalidaba la corrección y legalidad del procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de las obras, y que las propias peritos admitieron ante la Audiencia que no contaban con los conocimientos técnicos especializados necesarios para responder a todas las cuestiones planteadas.
Han subrayado, además, que pese a la “claridad y contundencia” de la sentencia dictada en julio de 2023, su contenido no se remitió a las autoridades comunitarias hasta pasados más de ocho meses. Ante este escenario, el nuevo equipo de dirección de El Musel ha promovido una estrategia coordinada de toda la Administración nacional, “exigiendo una defensa activa y alineada en todas las instancias”.
Propuesta de cierre y rechazo del Puerto de Gijón
Fruto de esta iniciativa, la Comisión Europea presentó en julio de 2025 una nueva propuesta de cierre del proyecto, en la que redujo de forma notable la corrección financiera inicialmente planteada —que alcanzaba la totalidad de los fondos, 247,5 millones de euros— y sugirió limitarla a 32,7 millones de euros, a detraer del saldo final pendiente de 49,5 millones de euros.
No obstante, la Autoridad Portuaria de Gijón sostiene que dicha propuesta seguía apoyándose “en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales ya desautorizados por la Audiencia Nacional, tal y como se recoge expresamente en el fundamento jurídico segundo de su sentencia de julio de 2023”. Por esta razón, el Puerto rechazó en su momento la oferta comunitaria y reclamó el cobro íntegro del saldo pendiente, además de solicitar una reunión técnica directa con la Comisión Europea, que finalmente se celebró este pasado miércoles en Bruselas.