La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha dado a conocer en la sede de la CEOE el informe “Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española”, en el que plantea un conjunto de cinco actuaciones de carácter estructural con la meta de abaratar el precio de la luz para la industria hasta un 30% y “reforzar la competitividad” del tejido productivo, además de “frenar los procesos de deslocalización”.
Estas iniciativas se sitúan en línea con las grandes hojas de ruta comunitarias, como el 'Clean Industrial Deal' y el 'Affordable Energy Action Plan', con las que se pretende asegurar un suministro energético competitivo para la industria europea.
El documento, realizado por EY Consulting, pone de relieve que las tarifas eléctricas para usos industriales en España, sin contar los impuestos, se han incrementado entre un 35% y un 60% desde 2019, lo que coloca al país en una “desventaja significativa” frente a otros socios como Francia y Alemania, según ha expuesto Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de la consultora.
El portavoz de la Alianza, Carlos Reinoso, ha recalcado que disponer de energía a precios asumibles no es “solo” un asunto técnico o coyuntural, sino un “elemento central de la política industrial”, y ha incidido en que sin un coste eléctrico competitivo “no hay reindustrialización posible”.
Entre las propuestas formuladas figura la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), actualmente fijado en el 7%, así como la extensión de la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico a toda la industria manufacturera que acredite compromisos “acreditables” de eficiencia energética.
La organización también plantea que los costes asociados a las restricciones técnicas del sistema se trasladen a los peajes de acceso y que se mantenga “de forma permanente” la rebaja del 80% en dichos peajes para las compañías con “alto consumo eléctrico”, con el fin de apuntalar nuevas inversiones en electrificación y descarbonización de procesos productivos.
Además, la Alianza exige que se materialice una aplicación “real” de hasta el 80% de intensidad de ayuda en las compensaciones por costes indirectos de CO2, destinando “al menos” el 25% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión, con el objetivo de frenar la fuga de carbono y proteger a los sectores “más expuestos” a la presión competitiva internacional.
En esta línea, han precisado que “serían precisos” 1.000 millones de euros para alcanzar el máximo contemplado en las compensaciones por costes indirectos de CO2 y situar a la industria española en un nivel similar al de Francia y Alemania.
Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha remarcado que, aunque el Real Decreto-ley 7/2026 va en la “dirección correcta”, las iniciativas aisladas o de carácter temporal “no son suficientes” y deben transformarse en medidas con un “carácter estructural” si se quiere consolidar la competitividad.
La Alianza, que agrupa a empresas que suponen el 60% del Producto Industrial Bruto nacional y generan alrededor de cuatro millones de puestos de trabajo, ha insistido en que España dispone de una “oportunidad histórica” para captar nueva actividad industrial gracias a su elevado “potencial renovable”.