QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo martes 7 de octubre, diversas asociaciones, sindicatos y colectivos de trabajadores temporales del sector público se reunirán frente al Congreso de los Diputados en Madrid para exigir una solución permanente al problema del abuso de la temporalidad y la restitución de empleados despedidos.
Entre los organizadores de esta protesta se encuentran la Plataforma de Afectados por la Función Pública, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), y otros grupos significativos como Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).
Apoyo masivo y reivindicaciones claras
Varios sindicatos, incluyendo la Federación de Trabajadoras de las Administraciones Públicas CGT (Fetap-CGT) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Por el Empleo Público de Aragón (Stepa), también respaldan la concentración, que coincidirá con una sesión plenaria en el Congreso de 11.00 a 15.00 horas. Durante este tiempo, se prevén encuentros con diferentes Grupos Parlamentarios.
La manifestación cuenta con el apoyo de casi 70 entidades que abarcan desde bomberos forestales hasta movimientos ciudadanos en sectores como la sanidad y la educación, todos fundamentados en la directiva europea sobre trabajo de duración determinada y decisiones previas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La demanda principal es la rápida tramitación de una Ley de Función Pública, o una normativa específica, que aborde tanto la situación de los empleados temporales actuales como la de aquellos injustamente cesados después de largos periodos de servicio.
«La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias», han señalado los organizadores, añadiendo que este problema no es reciente, sino que data de hace décadas y ha sido exacerbado por administraciones que no han cumplido con las normativas necesarias.
Además, el 9 de octubre, el Abogado General de la Unión Europea emitirá un informe que podría ser crucial para la posición del TJUE respecto a la temporalidad en las administraciones públicas españolas, lo que podría resultar en nuevas sanciones para España.
