QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa unirá esfuerzos con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para llevar a cabo encuestas que evalúen el progreso en inclusión financiera.
El ministro de Economía anunció este miércoles en una conferencia de prensa que el CIS incorporará dos nuevas encuestas en su agenda, mientras que el INE desarrollará una serie estadística anual.
A partir de septiembre, se integrarán cuestiones relacionadas con la inclusión financiera en el barómetro mensual. El objetivo es recopilar datos sobre el acceso y la calidad de los servicios financieros. Además, se planea introducir un módulo semestral con el CIS para obtener una muestra más amplia que servirá de base para las discusiones y decisiones durante las reuniones del Ministerio con las patronales bancarias y las organizaciones de consumidores.
Por otro lado, el INE deberá confeccionar una estadística estructural anual que abarque todos los aspectos de la inclusión financiera, incluyendo el ámbito rural, las personas mayores y aquellas con discapacidad. Se espera que esta nueva estadística esté operativa en 2026, y los primeros resultados se publicarán en 2027.
En futuras reuniones sobre inclusión financiera, el ministro Cuerpo ha adelantado que se abordarán temas como la ciberseguridad y el fraude financiero, además de analizar la situación en zonas urbanas con acceso limitado a recursos financieros. También se discutirán variables sociodemográficas relevantes.
En cuanto a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, Cuerpo se ha comprometido a darle un impulso adicional para que el proyecto sea aprobado antes de fin de año. Este ha superado ya la fase de enmienda a la totalidad en el Congreso y actualmente se debaten las enmiendas parciales en la Comisión de Economía del Congreso. ‘La demanda social [por la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero] es tan elevada que no podemos hacer otra cosa que no sea responder a ella’, afirmó Cuerpo.
En la conferencia también participaron Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, y Antonio Romero, director general de CECA, quienes destacaron el compromiso del sector bancario con la inclusión financiera y los avances logrados en la colaboración público-privada.
Respecto al Código de Buenas Prácticas hipotecario para clases medias, que expira a finales de 2025, Cuerpo se mostró abierto a considerar su extensión si se considera necesario, aunque destacó que la buena situación económica ha mitigado el impacto de la subida de los tipos de interés en las familias hipotecadas. Kindelán y Romero opinaron que no es necesario prolongar la duración del Código debido al limitado uso que ha tenido y porque el contexto actual es diferente al que se enfrentaba cuando se aprobó.
Finalmente, Kindelán resaltó la capacidad de respuesta del sector bancario durante el reciente apagón, asegurando que no se produjeron interrupciones en los servicios bancarios y financieros.
